Se formuló el requerimiento de elevación a juicio por parte de la fiscalía federal a cargo del Dr Walter Rodriguez y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de los Fiscales Gabriel Pérez Barberá Y María Laura Roteta en la primera parte de lo que es la causa Bolsafe Valores con 9 imputados que llegarían a juicio oral y público.
Los imputado son: Mario José Enrique Rossini, Omar Santos Francisco Rossini, María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas, y Miriam Analía Sabella.
Se imputó a todos los nombrados haber administrado fraudulentamente los bienes confiados en custodia al menos de 408 víctimas, ocasionando un perjuicio patrimonial global denunciado por un monto aproximado a pesos 251.000.000, a partir de continuos y habituales actos de disposición llevados a cabo desde las sedes de las empresas Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos ubicadas en la ciudad de Santa Fe (utilizándose sus estructuras operativas y una red de productores afianzados en esta región del país) durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2003 hasta finales del mes de diciembre del 2012.
También se atribuyó a partir del 28 de diciembre de 2011 el delito de la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil desarrollada por los imputados (a excepción de Omar Santos Francisco Rossini), agravada por el uso de medios de difusión masiva.
En diálogo con LT10, el fiscal federal Walter Rodríguez aseguró que “se puede dividir la causa en segmentos de imputados en tres: la persona que lideraba la maniobra el Sr. Rossini y las empresas que lideraba; los bancos y asociaciones que se encargaban de las operaciones bursátiles; y luego el órgano de control que es el Mercado de Valores de Santa Fe”.
Además, agregó: “El requerimiento de elevación a juicio que elevamos se circunscribe a 408 damnificados, de los cuales 62 victimas contempladas en un requerimiento a juicio en la justicia provincial cuando la causa se tramitaba allí en 2013. Nosotros en este momento impulsamos la elevación a juicio por 408 victimas con relación al delito de administración fraudulenta y facturación de ahorro e intervención bursátil no autorizada. También tenemos pendiente la posibilidad de otro tramo que tiene que ver con el lavado de dinero, cuya procesamiento fue confirmado por la Cámara y dictaminada la falta de mérito en otros casos, por eso aún debemos revisarlo”.
Por ultimo sostuvo que “el juicio seguramente será extenso porque quien asuma el rol de acusador público deberá presentar el testimonio de las victimas de la causa, es decir 408 damnificados. Por eso consideramos que será largo”.