Los defensores del Pueblo de todo el país presentarán este martes un recurso de amparo para intentar frenar el ajuste de la tarifa del gas que autorizó el gobierno nacional. Así lo adelantó a LT10 el defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, quien consideró que el incremento es violatorio de la ley.
Lamberto precisó que la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) ya interpuso “un recurso jerárquico ante el Ministerio de Hacienda” que conduce Nicolás Dujovne para que se anule la resolución dictada por la Secretaría de Energía de la nación.
Para el funcionario, el aumento autorizado en la tarifa del gas “no goza de los requisitos necesarios y se lo hace en violación a la ley”.
“Para nosotros hay claramente una violación a la ley. Vamos a presentar un amparo, porque estamos ante una situación que ha cruzado los límites. No hay mas Código Civil si esto prospera”, advirtió Lamberto en una entrevista al programa El Cuarto Poder.
De todas maneras, estimó que la resolución “no va a prosperar”.
“Estamos frente a un hecho que realmente es preocupante, no sólo por el valor (de la tarifa), sino porque estamos en un Estado de derecho y tiene que tener reglas”, enfatizó.
Iguacel insiste
A todo esto, el secretario de Energía, Javier Iguacel, defendió este lunes la decisión del Gobierno de ajustar las tarifas de gas según la inflación del pasado semestre y en 24 cuotas, las cuales tendrán un costo promedio de entre $90 y $100 .
“Estamos aplicando lo que dice la ley, y a diferencia de lo que está escrito, en lugar de aplicar el aumento en seis cuotas mensuales lo hemos hecho en 24, para que los usuarios puedan recuperar poder adquisitivo” con el correr de los meses, dijo Iguacel esta tarde en una conferencia de prensa.
Destacó que estos ingresos sirven para alentar inversiones y extender la red de gas y que “si no hacemos esto, vamos a tener el triple de problema en un par de años”.
Iguacel adelantó que se presentará ante la justicia luego de que el fiscal Guillermo Marijuan impulsara una denuncia en su contra por el presunto delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.