El lunes 2 de enero de 2017, decenas de personas se agolpaban en la puerta de una agencia de turismo situada en Obispo Boneo y 1º de Mayo, reclamando poder realizar los viajes por los que habían pagado, en promedio, 2.000 dólares. Según especificó el abogado de la querella, ese era el inicio de una serie de denuncias que hoy suman 150 y de un número de damnificados que ronda los 300. Un año después, ninguno ha obtenido justicia plena.
En diálogo con Todo Pasa, César Rojas dio detalles del estado actual de la causa penal y de la situación de los procesados.
Ana Isabel Felice, sindicada como quien prestaba su firma y que figuraba en los papeles como dueña del negocio, estuvo con prisión domiciliaria hasta diciembre pasado pero fue dejada en libertad y espera el inicio del juicio.
Marcela Arévalo (hija de la anterior), señalada como la principal responsable de las estafas y quien los damnificados reconocen como la persona que manejaba las operaciones, “firmó un acuerdo de juicio abreviado en el cual reconocía la responsabilidad penal y aceptaba una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo”. No obstante, aún resta que un tribunal ratifique ese acuerdo y dicte sentencia. Hasta entonces, permanece en libertad.
Miguel Correa, pareja de Arévalo y encargado de Maros, está preso en su domicilio y procesado, con lo cual debe ser juzgado en proceso público y oral, al igual que Felice.
Cejas confió en que luego de la feria judicial de enero se fije una fecha para la audiencia preliminar del juicio y se le dé comienzo de una vez, ya que la misma fue suspendida sin nueva fecha en septiembre de 2016.
¿Y la plata?
Cejas recordó que la causa en curso tiene vinculación con la responsabilidad penal de los procesados, mientras que la recuperación de los bienes de los afectados es una cuestión del fuero civil.
Sin embargo, es justamente cuando se pruebe la culpabilidad de los acusados en la primera materia, que los damnificados podrán exigir un resarcimiento y la devolución de su dinero. Pero para eso deberán volver a comenzar.
En cualquier caso, se estima que la estafa total asciende a 8 millones de pesos.