Los defensores públicos de la provincia se sumaron a la ola de críticas contra una polémica ley votada días pasados y en forma exprés por la Legislatura santafesina que apunta al control político de funcionarios judiciales. En un documento, señalan que “si los defensores pueden ser removidos por razones políticas, se atenta contra la noble tarea que están llamados a cumplir en un Estado de Derecho”.
De esta forma, coincidieron con los planteos formulados por los fiscales santafesinos, quienes denunciaron que la flamante norma afectaría la independencia y actuación de los funcionarios del Poder Judicial.
En diálogo con el programa El Cuarto Poder, la defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione, no ocultó su sorpresa por la ley que -dijo- fue votada por “unanimidad exprés” y pidió al gobernador Miguel Lifschitz que la vete.
Para la funcionaria judicial, la ley “apunta directamente a ejercer un control directo sobre fiscales y defensores que prácticamente desnaturaliza la función”.
“Uno no sabe cuáles son los acuerdos o los pactos políticos que hay detrás de ésto, lo que sí sabemos es que nosotros no estuvimos en ese diálogo”, denunció.
También anticipó que se solicitó una audiencia con el mandatario provincial para la semana próxima.
Balangione opinó que la normativa aprobada por ambas cámaras legislativas en tiempo récord y en una de las últimas sesiones ordinarias del año “tiene una gravedad institucional que no se mide, degrada el Estado de Derecho santafesino”.
Asimismo, advirtió que el tema tuvo repercusión en otras provincias, donde funcionarios judiciales manifestaron su repudio a la norma.
“Esto es serio, pone en jaque a la República”, finalizó Balangione.