Luego de que se conociera el pedido de que 200 agentes declaren por la causa contra la administración pública, la fiscal María Laura Martí reconoció haber recibido presiones aunque “no en forma directa”, y dijo que no las denunció porque “no son concretas”.
“No es fácil llevar esta adelante esta clase de delitos”, declaró la fiscal y agregó que “uno es una ciudadana común, yo no tengo fueros” y “uno vive como puede y hace lo que hace por pasión”.
“Quien ha viralizado las informaciones en su momento tendrá que responder por ellas”, dijo la fiscal, visiblemente ofuscada por la trascendencia que adquirieron las investigaciones.
“Por las medidas que se están llevando a cabo es preferible para los fiscales mantener cierta reserva, porque cualquier infiltración de información entorpece”, explicó Martí.
La fiscal María Laura Martí citó a una extensa lista de uniformados de la Unidad Regional I, que deberán presentarse a una audiencia imputativa en fecha a confirmar por presuntas irregularidades en la designación horas extras que policías cumplirían dentro del horario de trabajo.
El llamado a declarar se da bajo la investigación por el delito de "Defraudación a la Administración Pública y Falsificación de Documentos Públicos".