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 Como no había sucedido con los otros tres paros que había activado el sindicalismo opositor, Antonio Caló, el jefe de la CGT oficialista y líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), compartió ayer las reivindicaciones del reclamo y dejó "en libertad de acción" a sus afiliados para adherir a la huelga del martes próximo.

Sumido en un incómodo silencio, Caló expresó su malestar por el alcance del impuesto a las ganancias en una solicitada publicada anteayer en el diario Crónica, propiedad del Grupo Olmos, de estrecha relación con el gremio metalúrgico.

"No podemos ser indiferentes al hecho de que la actual escala del mínimo no imponible y la consecuente afectación [sic] y deterioro del salario por el impuesto a las ganancias resultante, afecta fuertemente a la economía de nuestros compañeros", dice un fragmento del mensaje, que lleva la firma del secretariado nacional de la UOM, cuya cabeza es Caló.

Sin mencionar en ningún momento el paro al que convocaron los gremios del transporte y las dos vertientes opositoras de la CGT, Caló dio luz verde para que sus afiliados tomen las medidas que crean "convenientes". El comunicado precisa: "La UOM ha decidido dejar en libertad de acción a todas las seccionales y empresas de la organización, a efectos de que éstas implementen las acciones y medidas que consideren convenientes para dar adecuada respuesta al legítimo reclamo de nuestros trabajadores".

Después de hacer pública la postura de la UOM, Caló encabezó ayer una reunión del consejo directivo de la CGT oficialista. Los gremialistas más cercanos al kirchnerismo decidieron no sumarse a la huelga, a pesar de compartir las consignas del reclamo.

Sin embargo, hubo dos organizaciones que se diferenciaron y trazaron su propia estrategia. Se trata del gremio de la Alimentación, cuyo líder, Rodolfo Daer, anunció su adhesión al paro. Y el otro es el Sindicato de Luz y Fuerza, que activará protestas sectoriales en contra del tributo que pesa sobre los salarios, aunque no se sumará a la huelga del 31.

"No vamos a protestar cuando Moyano nos diga. Lo haremos cuando lo dispongamos nosotros", expuso un jerárquico de la CGT oficialista ante sus colegas. Reunidos en la sede de los taxistas, el debate se prolongó por casi tres horas. Se acordó unificar la postura en un documento. "Nadie duda de la legitimidad del reclamo por el impuesto a las ganancias, pero en nuestra agenda priorizamos la defensa de los puestos de trabajo y el combate al trabajo en negro", dice el mensaje de la CGT de Caló.

Hubo coincidencias entre los sindicatos oficialistas en no canalizar esfuerzos para minimizar el impacto del paro de sus colegas de las centrales opositores. El giro no es sólo por una razón de solidaridad corporativa. Hay gremios a cuyos afiliados los afecta "de punta a punta" el impuesto a las ganancias.

Entre los impulsores del paro, está Roberto Fernández, jefe de los colectiveros de la UTA. Ayer, Fernández denunció presiones oficiales para desactivar la medida del martes. La UTA tiene la negociación paritaria en curso y desde el Gobierno se habría convocado para pasado mañana a los empresarios del transporte de larga distancia para consensuar los eventuales aumentos salariales y el reparto de los subsidios.

Ya hay un antecedente: la UTA se bajó a último momento del paro del 28 de agosto pasado a cambio de subsidios para apurar el cierre de su paritaria y de la presunta cesión de un predio para montar allí un centro de capacitación.

Ayer, además, se confirmó la adhesión al paro de sectores de la izquierda, que prevén activar piquetes y movilizaciones..