El proyecto de ley ómnibus del Poder Ejecutivo que está en pleno debate dedica un título a modificaciones de fondo de la ley de salud mental, una norma que escudada en los derechos humanos terminó por crear más conflictos que soluciones para los pacientes y sus familias, el sistema sanitario y los juzgados.
El proyecto que propone el Gobierno de Javier Milei plantea cambios en ocho de los más de 40 artículos de la Ley N° 26.657, entre los que figuran los puntos más debatidos y resistidos de la norma, como las internaciones involuntarias, la existencia o creación de hospitales especializados o la actuación del Órgano de Revisión (OR).
En la práctica, los profesionales argumentaban que la intervención de los abogados sin conocimiento de tratamientos ni manejo de las emergencias o los diagnósticos, terminaban por exponer a los pacientes a un mayor riesgo.
Desde el Colegio de Psicólogos de Santa Fe, aseguran que incita a criminalizar a los pacientes y enfermos.
Victoria Castro, vicepresidenta de la entidad, remarcó por LT10 que "las modificaciones que propone la ley traerían aparejado el corrimiento de las acciones sanitarias por parte de un equipo interdisciplinario de Salud, en donde un juez o un fiscal sean los que tomen la decisión de una internación involuntaria".
En ese sentido, agregó: "No se contempla al paciente desde una mirada de usuario de salud sino con una mirada estigmatizadora".