La Ley Provincial de Educación, impulsada por el Ejecutivo local, obtuvo el 20 de septiembre pasado media sanción de la Cámara de Diputados.
El proyecto obtuvo la aprobación con 46 votos positivos y ninguno negativo. La iniciativa contempla que la educación sea obligatoria desde los 3 años, gratuita, laica, plural e intercultural, democrática y humanista en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
Además promueve la educación sexual integral, la erradicación de la violencia, el valor de la diversidad sexual y la igualdad de género; como también una convivencia democrática basada en la diversidad y pluralidad de ideas, el abordaje adecuado de toda forma de violencia y discriminación que tienda a la segregación de las personas con pretexto de etnia, género, identidad sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicológica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión o menoscabo.
Luego de 15 días de lograr la media sanción de la Cámara baja, los Obispos de la provincia civil de Santa Fe, el Consejo Provincial de Educación Católica y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina se pronunciaron respecto al proyecto de Ley.
En un comunicado, las entidades religiosas manifiestan que al afirmar que la educación es gratuita, laica, única y plural "excluye a una parte del Sistema Educativo Provincial: la educación confesional y religiosa; desconociendo la Constitución Nacional y Provincial, como también la Ley Nacional de Educación".
A continuación, reclaman que "excluye el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos, relegando a la familia como agente primario y natural de la educación", y "limita la Educación Sexual Integral a la sola perspectiva de género, por lo que plantea un reduccionismo de la persona".
También remarcan que el proyecto de Ley relega la educación de gestión privada "al no darle la verdadera y exacta dimensión que tiene, desdibujando su estructura; considerando el aporte salarial como una facultad del Estado y no como un derecho".
Finalmente, concluyen solicitando un diálogo "sincero y respetuoso" con todos los sectores de la sociedad santafesina, y destacan que "minimizar, desconocer o no escuchar a todos los involucrados, impediría que esta norma se transforme en un verdadero marco de referencia".