La Cámara Federal porteña concedió hoy el arresto domiciliario al empresario Néstor Otero, uno de los hombres de negocios detenidos por el escándalo de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. El Tribunal falló con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y revocaron una decisión de primera instancia del juez Claudio Bonadio.
Otero, de 79 años, había pedido la domiciliaria por padecer hipertensión arterial, diabetes y registra antecedentes de hipertrofia protática, bronquitis, y esteatosis hepática. "Entendemos que corresponde conceder el beneficio peticionado, ya que un análisis lógico en sentido humanitario, indica -sin duda alguna- que el nombrado, con una edad avanzada, un estado de salud deteriorado y con las patologías crónicas, evolutivas y no curables que reviste (sobre todo en relación a la atención de la diabetes), pueda permanecer en su domicilio, atendido por sus médicos de confianza y contenido por su núcleo familiar", sostuvieron los jueces.
Otero, según los jueces, está en una situación "altamente riesgosa en cuanto a su estado físico, puesto que resulta de público conocimiento que una persona longeva y con serios trastornos en su salud".
También tuvieron en cuenta la situación de la cónyugue de Otero, quien sufre de Alzheimer y Parkinson, "requiriendo asistencia respiratoria y alimentación por botón gástrico circunstancia que por demás amerita cuidados permanentes y contención afectiva de su familia".
"No sólo se destaca el delicado cuadro clínico del imputado al cual ya hicimos alusión, sino que, a su vez, se verifican particularidades por las cuales atraviesa su entorno íntimo, más específicamente su esposa, que no pueden soslayarse al momento de resolver la incidencia", sostuvo el Tribunal en su fallo.
Además, evaluaron que para asegurarse la eventual sujeción de Otero a la causa existen dispositivos electrónicos como ser pulseras y sistema de GPS, que "de modo eficiente, pueden asegurar que el nombrado continúe cumpliendo de manera estricta su detención".
"Sobre el punto, cabe advertir que una medida de esta índole que se cumpla bajo una modalidad de restricción de menor entidad -como lo es el arresto domiciliario- fundado en razones humanitarias, no puede implicar un peligro procesal mayor, más cuando este beneficio presupone la prisión preventiva, y no la libertad durante el proceso", concluyeron los jueces.