En un informe publicado este viernes por el Centro de Información Judicial (CIJ), el juzgado que lidera Claudio Bonadio sostiene que "durante un lapso cercano a los ocho años" funcionó "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Kirchner y Cristina Fernández)".
La causa inició con ocho cuadernos que el periodista Diego Cabot aportó a la Justicia. Los mismos fueron escritos por Oscar Centeno - ex chofer de Roberto Baratta-. No fue lo único que se aportó inicialmente: se adjuntaron anotaciones, fotografías y filmaciones.
Para la Justicia se montó un aparato complejo desde el Estado. Así, Bonadio indicó que esta maniobra muestra la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015".
El objetivo fue "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó el juez de la causa.
A raíz de las medidas de prueba adoptadas, se indicó que durante 8 años, Roberto Baratta y parte del extinto ministerio de Planificación “ efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Centeno”.
Al momento de dar detalles sobre el funcionamiento de la operación, el juzgado indicó: "previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación)".
La siguientes instancia y final era "derivar a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".