La jueza entrerriana Elisa Zilli dispuso 21 días de prisión domiciliaria para el secretario de Medios de la Municipalidad de Paraná, José Escobar. El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull había hecho el pedido para el funcionario, por entorpecer la investigación” borrando “toda la información del teléfono celular minutos antes de que se procediera al secuestro del aparato”.
El funcionario explicitó que “la gravedad del asunto es que el teléfono estaba borrado por completo, lo que supone una destrucción de pruebas, y ante ello no se puede acceder a la información del teléfono por una acción del imputado”. Especificó que “los hechos iniciales que se le imputaron, a entender de la Fiscalía son coacciones, a raíz de la denuncia de Daniel Enz, y el otro delito por entorpecimiento del normal desarrollo de la sesión del Concejo Deliberante.
La jueza Zilli escuchó la solicitud de Ramírez Montrull ayer por la mañana y tomó la decisión poco después de las 12.30. El fiscal argumentó su petición a raíz del riesgo procesal que implica la libertad de Escobar, puesto que intentó destruir prueba que tiene vinculación con las dos causas que lo investigan en la justicia entrerriana. El abogado defensor de Escobar, Franco Azziani Cánepa, se opuso al planteo de Ramírez Montrull y pidió prisión domiciliaria para el funcionario. El letrado pertenece al estudio jurídico que lidera Miguel Angel Cullen. Este último, junto a Rubén Pagliotto, son los abogados defensores de Sergio Varisco en la causa por narcotráfico, según publica la revista Análisis Digital.
Ramírez Montrull explicó que la detención de Escobar “se solicitó porque ayer estaba fijada –con noticia de la defensa- una pericia al teléfono que se secuestrara al momento de realizar el allanamiento en la vivienda de Escobar y se constató que el teléfono por el cual se presume que mandó el mensaje de voz intimidatorio y la línea utilizada había sido borrado minutos antes de que se procediera al secuestro del aparato celular”.
“Esto se entendió que funda un riesgo procesal, que al momento de solicitar la detención se quiere menguar y por ello se pidió la detención a los fines de que comparezca ante la Justicia para ser informado del hecho que se le imputa, y posteriormente se pedirá audiencia ante el juez para resolver esa situación”, acotó.
Explicitó que “la gravedad del asunto es que el teléfono estaba borrado por completo, lo que supone una destrucción de pruebas, y ante ello no se puede acceder a la información del teléfono por una acción del imputado”.
El fiscal especificó además que “la línea que se utilizó para mandar los mensajes era la que habitualmente utilizaba el imputado, y por unos mensajes que entraron posterior a que fuera borrado, se puede presumir que la destrucción de la prueba fue minutos antes del secuestro del celular”. Asimismo, comentó que “ese procedimiento tuvo una particularidad: hubo una demora como de media hora en abrir la puerta de la vivienda estando adentro el imputado, y luego de reiterados llamados de los funcionarios policiales al llegar al domicilio, recién pasados unos 30 minutos abrió la puerta y se pudo concretar el procedimiento”.
Respecto de la detención del funcionario imputado ocurrida en la tarde noche del lunes, sostuvo que “estaba vigente la orden de detención, personal de la División de Investigaciones estaba cumplimentándola y en esos momentos se presentó espontáneamente en Tribunales”.
La audiencia donde se le informará a Escobar su situación será “a las 9.30 en la Fiscalía”, y ante esto, Ramírez Montrull aclaró que “los hechos iniciales que se le imputaron, a entender de la Fiscalía son coacciones, a raíz de la denuncia de Daniel Enz , y el otro delito por entorpecimiento del normal desarrollo de la función pública, no ameritó en principio el pedido de detención de Escobar; por eso se lo citó a designar abogado defensor y se le notificó de las restricciones –porque no estaban en flagrancia- pero la gravedad del asunto es que se presume que la destrucción de la información del teléfono lo hizo el imputado y es por eso que se solicitó la detención”.
“Estamos ante un riesgo procesal, porque entorpeció la investigación, y por ello se solicitará una medida más gravosa porque pone en riesgo toda la investigación. Si el imputado va a estar destruyendo evidencias pone en riesgo toda la investigación y por eso vamos a pedir la prisión preventiva, cuyo plazo adecuado sería hasta la remisión a juicio de la causa”, adelantó.
Allanamientos
Ayer por la mañana, efectivos de la Policía Federal allanaron la oficina del concejal Emanuel Gainza (Pro-Paraná) en el marco de la causa que investiga los vínculos de la política con la banda que lidera el narco Daniel Tavi Celis. En el operativo se secuestró un celular del edil, como así también documentación. También allanaron su domicilio personal y un local partidario de Monte Caseros y Enrique Carbó. Gainza estaba citado a declarar como testigo en la causa federal que tiene como procesado al intendente Sergio Varisco, y con prisión preventiva al concejal Pablo Hernández (UCR) y la funcionaria municipal y agente de la Policía provincial, Griselda Bordeira, entre otros, pero al parecer se habría suspendido la audiencia para una fecha a determinar. La justicia federal decidiría, tras los allanamientos, si no existen elementos para citarlo en indagatoria.