El crimen de Ariel Castelló no fue uno más. Generó profunda indignación y la movilización de los vecinos por justicia y para reclamar que la Policía Comunitaria no dejara barrio Roma.
También hubo cruces políticos en torno al caso: el ministro Maximiliano Pullaro lo atribuyó a fallas “en el sistema” en su conjunto, incluyendo al Poder Judicial, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia salió a responderle.
Mientras tanto, el asesino fue imputado y quedó en prisión preventiva a la espera de juicio. Y en las últimas horas fue trasladado desde la cárcel de Piñero a la de Coronda, pese a que había pedido no ser alojado en esta última unidad penitenciaria por tener antiguas rencillas con internos.
Consultado por la decisión, el director del Servicio Penitenciario, Juan Manuel Martínez Saliba, fue tajante, al decir que es atribución del Ejecutivo definir el lugar de alojamiento de los presos, según el cargo atribuido y la pena que podría caberles, que en esta oportunidad sería perpetua.
“Deberíamos ver con quién tiene conflictos esta persona”, relativizó, y argumentó que en Coronda hay 1.500 internos divididos en dos módulos y siete pabellones, “con un régimen diferenciado para quienes piden resguardo físico”. Además, garantizó que “es trabajo del Servicio Penitenciario ocuparse” de dicho resguardo físico.