El Concejo Deliberante de Mendoza aprobó el proyecto de ordenanza enviado por el intendente Rodolfo Suarez a través del cual se regula la actividad de cuidado de vehículos en el espacio público. En rigor, más que regularse se prohíbe dicha actividad, porque no se permite cobrar por ella.
La medida, que ya fue enviada para ser publicada en el boletín oficial, empezaría a regir el 15 de abril.
En diálogo con Primera Tarde, el mandatario mendocino señaló que “el tema había llegado a un punto límite,” por las amenazas que sufrían los vecinos por parte de los “trapitos”.
Asimismo, comentó que la prohibición de la actividad va acompañada de un programa municipal, a través del cual se los capacita y se les paga parte del sueldo en empresas por tres meses. Iniciativas similares, dijo, se llevaron adelante con los limpiavidrios y los vendedores ambulantes.
Las sanciones por incumplimiento de la norma van el decomiso de los elementos para desarrollar la actividad, pasando por multas, el desalojo e incluso la aprehensión por parte de la policía.
La norma
Los considerandos del proyecto contemplan “que de un tiempo a esta parte, se ha producido un fenómeno de apropiación de los espacios públicos, especialmente los destinados a estacionamiento, que son explotados por personas que requieren a cambio una colaboración o una tarifa determinada de forma unilateral, arbitraria y sobre todo, ilegal. Se llega, incluso, en algunos casos, a conductas rayanas con la extorsión, la amenaza, el amedrentamiento o la violencia física”.
En ese sentido, la ordenanza aprobada establece que “en las calles o avenidas en que no se encuentre implementado el Sistema de Estacionamiento Medido de la Ciudad de Mendoza, nadie podrá exigir ni pretender el cobro en dinero o especie, ni actividad alguna, a las personas que estacionen sus vehículos o moto vehículos, ni por su cuidado”.
Por otra parte, se dispone una partida presupuestaria especial para fomentar que empresas privadas contraten a las personas individualizadas como hacedoras de esta actividad, pudiendo abonar parte del sueldo a empresas que acepten emplearlos. El importe que se abone a la empresa, será por un periodo de hasta tres (3) meses y por una suma equivalente a 2.000 UTM (dos mil unidades tributarias municipales), mensuales por cada persona contratada, debiendo luego la primera hacerse cargo del salario del empleado íntegramente.
A tal fin, el municipio suscribirá convenios de colaboración y/o cooperación que resulten necesarios, con empresas, Cámaras Empresarias de cada actividad específica, cooperativas y toda institución pasible de colaborar con el programa de inserción laboral. Como asi también con Universidades e Institutos Educativos públicos o privados, convenios para capacitación en oficios y labores que puedan ser requeridos para la prestación de tareas.
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