Este domingo 11 de marzo se cumplen 10 años del inicio de uno de los mayores conflictos que debió afrontar el kirchnerismo, cuando intentó imponer retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias y desató con el campo uno de los mayores conflictos de su larga gestión de 12 años y medio en el poder.
Ideada por el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, y aplicada apenas cuatro meses después de que Cristina Kirchner asumiera su primer mandato, la medida se convirtió en motivo de choques de alto calibre que incluyeron gigantescas movilizaciones en rutas de todo el país, algunas con represión incluida.
Lousteau se había convertido en el "niño mimado" del gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien lo había nombrado presidente del Banco Provincia, y cuando Cristina fue electa presidenta, la entonces jefa de Estado lo integró al Gabinete nacional.
Tiempo después al funcionario se le ocurrió modificar el sistema de derechos de exportación, introduciendo un esquema móvil, por el cual cuanto mayor fuera el precio internacional de la soja, el girasol y sus subproductos, más alta sería la retención que pasaría a engrosar las arcas del Fisco.
Las entidades del agro, enroladas en la Mesa de Enlace, hicieron rápido los números y se dieron cuenta de que en pocos meses miles de millones de dólares pasarían de mano si los pronósticos se cumplían, lo cual puso al campo en estado de ebullición.
Enseguida se organizaron asambleas en distintos puntos del país, y comenzaron los cortes de ruta, actos de reclamos en las principales ciudades y hasta una multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo.
Hubo paros, cacerolazos, movilizaciones y cortes de ruta que pusieron al borde del desabastecimiento al país.
Los ciudadanos comenzaron a familiarizarse con el término "asambleístas" y aprendieron a convivir con las rutas cortadas por los productores agropecuarios que realizaban reclamos en todos los puntos del país.
Referentes clave de aquellas protestas fueron los presidentes de Federación Agraria, Eduardo Buzzi; Sociedad Rural, Luciano Miguens; Coninagro, Carlos Garetto; y Confederaciones Rurales, Mario Llambías.
Algunos analistas sostienen que la Resolución 125 profundizó la denominada "grieta" social y política que fue una de las características predominantes durante los gobiernos kirchneristas y persiste hasta la actualidad.
La sociedad se dividió entre aquellos que apoyaban el modelo kirchnerista de los que defendían el sistema agroexportador.
El tratamiento mediático del conflicto -con amplias coberturas de canales de gran audiencia- repercutió en las grandes ciudades y transformó un conflicto sectorial en un tópico de alcance nacional.
Este domingo, a las 10:30, integrantes de la Sociedad Rural de San Pedro (Buenos Aires) organizarán un acto en conmemoración del inicio del "conflicto agropecuario" generado por el anuncio del esquema de retenciones móviles.
La norma, publicada el 10 de marzo en el Boletín Oficial, y explicada un día después por Lousteau, establecía un incremento de las retenciones a la exportación de soja del 35% al 44%, de girasol del 32,1% al 39,1%, mientras que se reducían las alícuotas para el maíz y el trigo en 1%.
Un rasgo característico de esta nueva modalidad impositiva era su movilidad, mientras que el porcentaje de los tributos quedaba circunscripto en forma proporcional a la evolución de los precios internacionales, entonces en fuerte alza.
Todo terminó el 17 de julio de 2008, cuando se produjo la derogación de esta polémica norma en el Senado -había sido aprobada en Diputados- con el "voto no positivo" de desempate del entonces vicepresidente Julio Cobos, quien desde ese día pasó a ser considerado un "traidor" por el kirchnerismo.