El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para pedirle medidas cautelares que permitan la investidura del líder independentista Carles Puigdemont, fuertemente restringida por la justicia española.
"Con el objetivo de proteger los derechos de Puigdemont de someterse al debate de investidura de forma efectiva, el presidente (del parlamento) Roger Torrent, impulsará una demanda de medidas cautelares al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", señaló el parlamento regional en un comunicado.
Aunque Puigdemont cuenta con el respaldo de la mayoría independentista de la cámara catalana, su investidura está bloqueada por las restricciones a su elección impuestas por el Tribunal Constitucional tras un recurso del gobierno español contra su candidatura.
Instalado en Bruselas desde hace tres meses y con una orden de detención contra él en España, Puigdemont solo puede ser investido si se entrega ante el juez del Tribunal Supremo que lo investiga por rebelión y sedición y éste le autoriza a asistir al Parlamento para defender su candidatura.
Ante esta situación y aunque el grupo parlamentario de Puigdemont defendía desoír este tribunal e investirlo sin que estuviera presente, Torrent optó por aplazar a última hora la sesión de investidura prevista para el 30 de enero.
Esto dejó a esta región de 7,5 millones de habitantes sin gobierno y controlada todavía por el ejecutivo central de Mariano Rajoy que destituyó a Puigdemont tras proclamarse fallidamente la secesión el 27 de octubre.
En la demanda "se pedirá al TDEH que se tutelen los derechos políticos y en concreto el derecho a la participación política de Puigdemont", dijo un portavoz suyo.
Todavía no existe una fecha para presentar esta demanda, según esta fuente.
Este tribunal con sede en Estrasburgo (Francia) vela por el respeto de la Convención europea de los derechos humanos en los 47 países miembros del Consejo de Europa, formado por todos los estados europeos excepto Bielorrusia.
El Parlamento regional también presentó alegaciones contra las restricciones del TC a la investidura del líder independentista, asegurando que el tribunal se excedió en sus funciones y que "impedir a Puigdemont la posibilidad de ser investido vulnera su derecho al sufragio pasivo" y el de sus votantes.