La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reactivó una norma para que los integrantes de bandas dedicadas a delitos complejos, como el narcotráfico, paguen los gastos de las investigaciones que el Estado lleva adelante para desmantelar esas organizaciones y llevarlas a prisión.
La iniciativa retoma los artículos 531 y 533 del Código Procesal Penal de La Nación y fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Su principal objetivo es que los autores de delitos como el narcotráfico o la trata de personas costeen los gastos realizados por las fuerzas de seguridad que participaron del proceso para su captura y condena, como una retribución al daño realizado al Estado con su accionar.
La iniciativa fue propuesta a la ministra por el director nacional de Articulación y Enlace con los Poderes Judiciales, Diego Nazareno, aunque en realidad la norma existía desde 1991 pero nunca se había aplicado.
La misma comenzó a regir a partir de este miércoles y se pondrá en práctica mediante un formulario realizado por el área contable de la Fuerza de Seguridad interviniente, que detallará al juez de la causa el costo de las medidas desplegadas como auxiliares de la administración de justicia, para la reunión y obtención de pruebas útiles.
En el texto publicado en el Boletín Oficial se advierte que el combate contra la criminalidad organizada y el delito complejo implica "aplicar cuantiosos recursos para su esclarecimiento", por lo que "sería conveniente que esos recursos ingresen al Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el esclarecimiento de hechos criminales".
"Instrúyese a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval Argentina, para que informen a la autoridad judicial competente los gastos incurridos en la realización de tareas encomendadas en cada causa, a los efectos de que sean contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso", indicó la resolución.