A dos años de la desaparición de Maximiliano Sosa, de tres años, muy poco se ha avanzado para determinar qué fue lo que sucedió con él, y sólo reina el silencio detrás de la detención de su abuela y la pareja de ésta, ambos sospechados de tener participación en el hecho que, para los investigadores, podría estar encuadrado en el delito de trata de personas.
La desaparición
Maxi Sosa, de tres años, desapareció el 21 de diciembre de 2015 de la casa de su abuela en el barrio Juan Pablo II de la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal.
Su foto recorrió la provincia y el país días más tarde, transformándose en uno de los hechos que más conmoción provocó en territorio santafesino. La policía provincial realizó numerosos e intensos rastrillajes, sumados a los operativos coordinados con otras provincias, como Santiago del Estero. Sin embargo, todos ellos resultaron infructuosos para dar con el paradero del nene.
La abuela, ¿figura clave?
En julio de 2016, fueron detenidos la abuela de Maxi, Patricia S., de 40 años; y su pareja, Ariel M. de 35. Ambos quedaron involucrados en la desaparición del pequeño a partir de escuchas telefónicas, pero dichas capturas tampoco arrojaron luz sobre el destino de la víctima. Las sospechas sobre un pacto de silencio estuvieron latentes, al igual que la hipótesis de que el niño fuese ingresado a una red de trata de personas.
En octubre de este año, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $1 millón a quienes aporten datos sobre el paradero de Maxi. Su nombre se sumó a la de otros casos emblemáticos de desapariciones como los de María Cash y Sofía Herrera por los cuales también rige la misma recompensa.
Maxi Sosa tendría hoy cinco años y continúa desaparecido en Santa Fe.