"No se puede descartar", advirtió la jueza federal Marta Yáñez, en declaraciones a Radio Continental al ser consultada por esa eventual circunstancia y sostuvo que en cuanto a "mantenimiento y auditorías" en torno al funcionamiento del sumergible, en la instrucción de la causa "se busca lo que debía haber sido y si verdaderamente se cumplió".
Según se supo en los últimos días, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados pidió informes a Alemania ante la sospecha de que las empresas alemanas Ferrostaal y EnerSys-Hawker, con sede en Essen y Hagen, pagaron coimas pasra quedarse con un contrato millonario para el suministro y recambio de 964 baterías del submarino.
Mientras que Ferrostal se desligó del tema u afirmó que sólo intervino en la operación como intermediaria, EnerSys-Hawker mantuvo silencio en cuanto al cuestión.
La presidenta de la comisión, la diputada Cornelia Schmidt- Liermann, en declaraciones al sitio alemán Tagesschau.de, advirtió que "existe la sospecha de que hubo sobornos en la reparación y que dos empresas alemanas podrían estar involucradas en el asunto".
La jueza Yáñez dijo que confía en que la documentación sobre la contratación de las empresas conste en las doce cajas que le envió la Armada y que se encontraban en pleno análisis.
La magistrada señaló que también pone el acento en el proceso de búsqueda: "No hay que descartar nada, tuvimos el antecedente de la familia Pomar", el caso de la familia cuyos integrantes fueron encontrados muertos 23 días después de haber protagonizado un accidente en la ruta 31, cerca de la ciudad bonaerense de Salto.
En tanto, Yáñez afirmó que se le tomó declaración a un técnico en comunicaciones de la Armada para establecer el contenido de comunicaciones cifradas realizadas desde el ARA San Juan.
En cuanto a la investigación del caso, aseguró que la Armada "no es la única fuente" utilizada por su juzgado para recabar información.