Dos hermanitas de 13 y 14 años que fueron denunciadas por amenazar, agredir y lesionar a una compañera de curso en la Escuela Aristóbulo del Valle de Casilda deberán remediar su inconducta concurriendo hasta fin de año, en horario vespertino, a la biblioteca de la institución para ayudar en diferentes tareas e incursionar en la lectura con fines educativos. Pero además, el Estado deberá, por orden judicial, buscar mecanismos que permitan mejorar la calidad de vida de los núcleos familiares, tanto de las agresoras como de la víctima.
Así lo determinó la jueza de menores de Casilda, Cristina Pecoraro, a través de una sentencia por la cual las chicas denunciadas tendrán que leer "El diario de Ana Frank" para exponer frente al aula su interpretación sobre ese material literario que, de no estar disponible, lo deberá proveer el Ministerio de Educación provincial. Además, la magistrada insta a la cartera de Desarrollo Social del gobierno santafesino a garantizar asistencia y contención a la familia de la víctima y de las niñas agresoras.
La medida, que no tiene precedentes en el fuero penal juvenil y que quedó firme al no ser apelada, apunta a velar por el bienestar general de los menores involucrados haciendo especial hincapié en la responsabilidad que le cabe al Estado para prevenir situaciones de conflicto como la ocurrida.
El episodio, ocurrido hace tres semanas, al ser cometido por menores no es punible, y habría sido el corolario de una serie de situaciones indeseadas por la víctima, que antes de ser agredida y lesionada venía siendo insultada y amenazada con que golpearían a su madre.
Al parecer, el hecho se produjo en una plaza, donde las agresoras hirieron a la víctima con un ladrillo. Al tomar conocimiento del caso, la mamá de la agredida radicó la denuncia, y así intervino la Justicia.
Además de disponer acciones destinadas a mejorar el comportamiento y la integración social de las agresoras, Pecoraro fue más allá al involucrar al Estado para que, además de las obligaciones de competencia educativa a través del área correspondiente, garantice una mejor calidad de vida para ellas y su núcleo familiar, que componen junto a su madre y otras tres hermanas, una de las cuales discapacitada. Y la misma asistencia requirió, emplazamiento mediante a los organismos pertinentes, para la víctima y su madre que desde hace tiempo residen en el Hogar Padre Manuel de Casilda en condiciones que la jueza evaluó como "poco dignas".
"Más allá de las responsabilidades sobre el hecho estamos en presencia de un caso donde todos las personas involucradas son víctimas de una situación de vulnerabilidad social que implica que el Estado se haga cargo y arbitre los recursos necesarios para responder en consecuencia", dijo ayer a La Capital la jueza casildense tras notificar su resolución a todas las partes.
"Si bien es importante que las chicas pidan disculpas en compañía de su madre a la víctima y todos los séptimos grados de la escuela, al curso por su actitud y cumplan con las otras medidas impuestas, resulta fundamental apelar a la responsabilidad del Estado para que articule los medios y ayude a ambas familias que viven en condiciones desfavorables y no dignas como merecen", dijo la jueza.
Para Pecoraro "es necesario hacerse cargo desde el lugar que nos corresponde si es que queremos rehabilitar de verdad y pensar en una sociedad que incluya y vele por derechos elementales como son, en este caso, una ámbito habitacional adecuado además de contención psicológico y de otro tipo".
La jueza detalló en el fallo que "es obligación de los servidores públicos, personal docente y administrativos, así como de los padres y de la sociedad, dar una respuesta eficaz, oportuna y responsable a fin de que reflejen el respeto a la vida, a la integridad de las personas, de su dignidad y sus derechos, rechazando la violencia y todo tipo de agresiones y en adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y entendimiento entre pueblos y entre grupos y personas".