Luego de varias postergaciones y de situaciones que generaron una verdadera crisis institucional que involucró a distintos poderes de la provincia de Santa Fe, al fin se realizó la audiencia imputativa al exjefe de la Unidad Regional V de policía, Adrián Rodríguez, detenido a principios de octubre en la Jefatura de Rafaela y luego dejado en libertad.
Finalmente, Adrián Rodríguez fue imputado por "fraude a la administración pública", por su rol de superior donde se conocieron irregularidades en la gestión de las horas extras de sus subordinados. Se abstuvo de declarar y negó todo tipo de acusaciones.
"Estoy tranquilo pero me molestó cómo me fueron a detener en Rafaela", dijo Rodríguez. "Mi vida cambió totalmente a partir del 9 de octubre, por eso pedí el retiro voluntario". Además, afirmó que no fue imputado por las escuchas con el ministro Pullaro.
Recordemos que, a principios de octubre, se ordenó la detención del jefe de la Unidad Regional V (departamento Castellanos) de la Policía, comisario mayor Adrián Rodríguez. Se lo sacó uniformado y esposado de su despacho, mientras se procedía a allanar su domicilio particular.
Lo cierto es que a partir de allí se generó esta verdadera espiral de llamativas situaciones que no sólo generaron interrogantes sobre la conducta de las personas involucradas, sino también sobre el funcionamiento de instituciones claves.
De hecho, nunca fue posible realizar la audiencia imputativa en donde se le debía informar a Rodríguez sobre cuáles habían sido los motivos de su detención –pocas horas después de salir esposado de la Jefatura de Rafaela se ordenó su libertad-.
Su abogado, Ramiro Díaz Duarte, contó que a su defendido se le atribuye la superposición horaria de tres subalternos. "Esperábamos una atribución un poco más severa", comentó el letrado.
Al haber demasiadas planillas y ser más que nada una cuestión matemática y contable, el abogado detalló cuáles son los planes: "queremos sentarnos juntos ver al detalle, y después concurrir dentro de 15 días a aclarar todas las cuestiones que sean necesarias".
Rodríguez fue imputado por supuestas irregularidades en las horas adicionales otorgadas a agentes policiales cuando era titular de la Unidad Regional I, pero aún no comenzó el proceso por la otra investigación que lo involucra: aquella que indica supuestas irregularidades para lograr un ascenso.
La decisión de investigar esto fue tomada por el fiscal Roberto Apullán, quien consideró que en conversaciones telefónicas entre Rodríguez y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, aparecían indicios suficientes como para suponer que se había producido el delito de cohecho pasivo para obtener beneficios a la hora de lograr ascensos en el escalafón policial.
Fuentes confiables aseguran que, previo a la detención de Rodríguez, el fiscal regional Carlos Arietti le aconsejó a Apullán que no procediera con la aprehensión, porque no había elementos como para sostener la presunción de delito alguno.