"Creo que esta asociación la había formado con el ex presidente Kirchner“, sostuvo en diálogo con LT10 Alejandro Sánchez Kalbermatten es el abogado denunciante contra Amado Boudou en la causa por eriquecimiento ilícito por la que fue detenido este viernes, aunque aclaró que es una "corazonada".
Su opinión se funda en la buena relación que mantenían el fallecido Néstor Kirchener y el ex vicepresidente y "este señor empezó a tener problemas después de que Kirchner murió y con Cristina no sé si tenía mucha relación".
La causa por la que fue detenido
Como abogado denunciante, Sánchez Kalbermatten explicó que "esta causa comenzó en 2012 y luego estuvo mucho tiempo en el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte para que se determinara los bienes, la sociedad, el entramado que se había llevado adelante y obviamente motivó que la pericia estuviera lista recién ahora".
Asimismo, comentó que la demora se debe a que "el juez la tuvo que dividir en cuatro dado que era muy compleja, no había recursos suficientes y habría algunas trabas burocráticas o políticas durante la investigación ya que empezó cuando estaba el gobierno anterior".
En ese sentido, calificó como "valiente" al juez Lijo ya que "tuvo que investigar a un ex vicepresidente pero que en aquel momento estaba en ejercicio".
"El juez agrava la figura que nosotros habíamos denunciado ya que advierte que evidentemente Boudou fue el jefe y organizador de la asociación", relató.
También explicó que la organización "tenía miembros entre las que menciona a Nuñez Carmona y Vandenbroele". Por ende, aclaró que para cometer delito "no hace falta que se conozcan entre sí, alcanza solamente que exista un contexto asociativo y eso es lo que tiene comprobado el juez en tres casos puntuales: la compra de 19 autos, la adquisición de Ciccone Calcográfica y el contrato de consultaría con la provincia de Formosa".
Preventiva
Por otra parte, Sánchez Kalbermatten explicó que el juez "estima detenerlo preventivamente porque ve el contexto para que exista el riesgo procesal" y que se trata de "el único delito donde hay una inversión de la carga de la prueba porque el funcionario tiene que explicar el origen lícito de los fondos".