La causa Inundación comenzó el 5 de mayo de 2003 (a siete días de la irrupción del Salado a la ciudad), cuando la por entonces titular del Sindicato de Amas de Casa, Ana Isabel Zanutigh, presentó una denuncia ante el fiscal Ricardo Favaretto, que fue tomada por el juez de Instrucción de la 7ª Nominación, Diego de la Torre. En esa época regía el viejo Sistema Procesal Penal en la Provincia.
A partir de entonces, el expediente se ha transformado en un verdadero laberinto a través de la (in)acción de al menos 22 jueces y 13 fiscales, pero también por obra de ciertos abogados defensores.
Los datos más significativos del proceso judicial aún en marcha son los que siguen:
• En principio, De la Torre imputó a diez funcionarios municipales y provinciales. Entre ellos, a Carlos Alberto Filomena, el titular de Defensa Civil de la provincia, que se hizo tristemente famoso porque en plena catástrofe fue fotografiado bailando en un casamiento en Paraná.
• A fines de 2005, el mencionado magistrado fue recusado y se retiró. En su lugar tomó la causa Jorge Patrizi.
• El 19 de abril de 2006, Patrizi desvinculó de responsabilidad a siete de los imputados (entre ellos, a Filomena) y procesó al exintendente Marcelo Álvarez, al ex director de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti y al ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli, por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas.
• El 5 de marzo de 2008, en un destacable escrito, el fiscal Norberto Nisnevich solicitó la elevación a juicio del expediente.
• En 2011 comenzó la etapa definitoria de la causa: el plenario. Se volvieron a presentar las pruebas, se incorporaron otras y se sugirieron testigos.
• En 2013 fueron llamadas a atestiguar 60 personas. Entre ellas, el luego fallecido ex gobernador Jorge Obeid y el ex ministro de Hacienda y Obras Públicas Juan Carlos Mercier, que por primera vez pisaron Tribunales en el marco de la causa, pese a que, junto a Carlos Alberto Reutemann, son considerados los principales responsables de la catástrofe por los damnificados.
• Como ya lo había hecho en 2004, Reutemann declaró en 2013 por escrito, amparado en sus fueros de senador. El segundo texto es una copia del primero en un 60%. En ambas oportunidades, el ex mandatario provincial fue citado como testigo. Jamás fue sometido a indagatoria ni mucho menos imputado.
• El cierre del plenario se dispuso en 2015, pero su concreción y la llegada de las conclusiones y posterior sentencia se viene dilatando por los sucesivos pedidos de prescripción de la causa interpuestos por la defensa de Álvarez ante diversos Tribunales.
• Ahora la Corte, que debía resolver sobre la prescripción, volvió a remitir el expediente a primera instancia. Es decir, ordenó que un juez de grado (no de Cámara ni ministro del Máximo Tribunal) se expida sobre esa cuestión, y que posteriormente dicte sentencia.