El procesamiento lo decidió el juez Sergio Torres en Buenos Aires, luego de investigar 20 llamados al 911 y al 103 que tuvieron lugar entre el 15 de julio y el 21 de septiembre, para decir que había una bomba en el edificio de Avenida de Mayo 654, situado a cuadras de la Casa Rosada, en la Capital.
Las advertencias siempre fueron hechas por una mujer y la supuesta "bomba", según el día, iba a ser detonada en diferentes lugares de la misma cuadra. Una de las amenazas estuvo destinada a volar el "McDonald´s de Avenida de Mayo 654", otra al "sexto piso de Avenida de Mayo 654". De los innumerables llamados uno fue un poco más contundente. La voz femenina dijo: "Hay un bomba en Avenida de Mayo 654 piso seis, hoy los vuelo por el aire a esos hijos de puta".
Fueron varios llamados, y las consecuentes evacuaciones del edificio. Allí funcionan además de varias empresas privadas, algunas dependencias de la Justicia en lo Contencioso y Administrativo Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
El caso quedó en manos del juez Sergio Torres, quien como consecuencia de la investigación procesó sin prisión preventiva a F.D, una mujer de 31 años que trabajaba en una de las empresas que tenía sede en el edificio y fue acusada por el delito de intimidación pública "reiterado en 20 ocasiones".
Los investigadores de la Policía Federal determinaron que los llamados al 911 y al 103 fueron realizados desde diferentes chips de celulares pero todos desde el mismo IMEI (la sigla en inglés para Identidad Internacional de Equipo Móvil) que identifica a los aparatos.
Ese aparato pertenecía en el momento de los hechos a una mujer que trabajaba como telemarketer en una empresa de seguros que estaba situada en el edificio donde se suponía iban a estallar las bombas.
Las llamadas se hicieron desde las celdas de celulares cercanas al edificio en los minutos previos a la hora de ingreso de la mujer que finalmente fue procesada. Y el mismo teléfono que se utilizó para los llamados amenazantes se conectó, para hacer otros llamados, desde la celda cercana a su casa en Wilde, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
La mujer estuvo detenida un par de días antes de su indagatoria. Negó haber sido la autora de los llamados. Admitió que la voz que se escuchaba en las grabaciones de las líneas de emergencia se parecía a la de dos compañeras de trabajo, y deslizó que como dejaba su celular sobre el escritorio no descartaba que se lo hubieran usado con el fin de hacer los llamados.
Los policías descartaron ese intento de coartada porque todos los aparatos celulares de F.D tenían patrón de bloqueo de pantalla, por lo que además de dejarlo sobre el escritorio la dueña debió develar su contraseña para que otros lo utilizaran.
Se sospecha que los llamados fueron hechos para evitar cubrir todo el turno de trabajo, algo que en su indagatoria negó. La mujer aseguró que si no vendía telefónicamente coberturas de seguro no le alcanzaba el sueldo.
El procesamiento dictado por Torres en mayo de este año fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal porteña. El juez estableció un embargo de los bienes de F.D. de acuerdo a los perjuicios que generaron los llamados con amenazas de bomba.