debrecht desplegó en la Argentina un sistema paralelo para el pago de sobornos y aportes de campañas electorales con dinero negro que extrajo del circuito legal a través de valijeros, lobbistas, "socios locales" y "cueveros", según confirmaron a la jJusticia brasileña algunos de sus máximos ejecutivos, y que LA NACION reconstruyó durante semanas.
Conocida como "Caixa 2", esa operatoria delictual de Odebrecht se escondió en la Argentina bajo el eufemismo "DGI". Es decir, las siglas de la Dirección General Impositiva, pero que entre ciertos ejecutivos de Odebrecht -y en sus mensajes- se utilizó para aludir a las "propinas" o "pagamentos" a políticos locales, por millones de dólares, para obtener "ventajas indebidas".
Los intermediarios de esas coimas -lobbistas o empresarios que actuaron como "socios locales"- a menudo justificaron esos pedidos como supuestos aportes a campañas electorales. Pero desde la constructora siempre sospecharon que el dinero terminó en los bolsillos de unos pocos funcionarios y de los valijeros.
La información sobre el capítulo argentino de la "Caixa 2" (caja 2) es, a su vez, apenas un segmento del material que los fiscales brasileños acumularon durante años sobre Odebrecht y al que sus pares argentinos esperan acceder cuanto antes. Pero la megacausa Lava Jato también abarca a otras empresas de la Argentina o con intereses en el país. Desde Esuco, Electroingeniería, Contreras Hermanos y BTU, hasta las brasileñas Petrobras, OAS y Camargo Correas, entre otras.
"DGI es Caixa 2", indicó uno de los máximos arrepentidos brasileños a los investigadores de su país, quienes preguntaron si se refería al pago de coimas o eventuales aportes de campaña, por medio de la "División de Operaciones Estructuradas" de Odebrecht. Es decir, su lado oscuro y delictual. "Eran pagos indebidos, fuera con la excusa de contribuciones electorales o no", replicó.
El procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y los fiscales Carlos Stornelli y Franco Picardi viajaron a Brasilia para destrabar ese acceso al material del Lava Jato . Pero el envío de esa información a Buenos Aires se complicó por las condiciones que plantearon sus pares brasileños.
Lo que vendrá, si viene
¿Qué material podrían recibir los fiscales argentinos? Entre otros, según reconstruyó LA NACION, transcripciones de las confesiones de los arrepentidos, material complementario que fortalezca sus dichos -aportados por ellos mismos o que los investigadores obtuvieron de computadoras y teléfonos y al allanar oficinas, bancos y casas- y punteos de los fiscales brasileños con alusiones a otros arrepentidos o acusados que pueden saber más.
El procedimiento para que ese material llegue a Buenos Aires, sin embargo, podría resultar farragoso, para así respetar el "proceso de custodia" que impida que las defensas de quienes sean acusados puedan pedir su nulidad.
Uno de los máximos lugartenientes de la constructora que se declararon culpables y se acogieron al régimen de la delación premiada, Hilberto Mascarenhas da Silva, admitió ante la justicia de su país que Odebrecht desembolsó US$ 3390 millones de su "Caixa 2", entre 2006 y 2014. Se destinó a coimear y financiar campañas en Brasil, pero también en Venezuela, Panamá, El Salvador, República Dominicana y Angola, entre otros países.
En la Argentina, la constructora apenas admitió que pagó al menos US$ 35 millones durante la última década. Por ahora, sólo trascendieron datos sueltos sobre la información en manos del juez federal con asiento en Curitiba, Sergio Moro, el equipo de fiscales liderado por Deltan Dallagnol, y los investigadores de la Policía Federal.
Argentinos en la mira
Esa información, según reconstruyó LA NACION como parte de un proyecto periodístico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros, alcanza al ex ministro Julio De Vido, a su asesor, Roberto Dromi, a sus colaboradores en Planificación Federal, Roberto Baratta y Ricardo Jaime y al operador Jorge "Corcho" Rodríguez. Pero también, a través de un "cuevero" o "doleiro", Leonardo Meirelles, al actual jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, quien lo niega y logró el sobreseimiento judicial en primera y segunda instancia.
La información proveniente del Lava Jato alcanza también a ciertas empresas, como Iecsa (por entonces de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), a la constructora Esuco (de Carlos Wagner), a BTU (de Carlos Mundin), y también al Grupo Indalo (de Cristóbal López y Fabián de Sousa), Contreras Hermanos y Techint, entre otras.
Los indicios de la aplicación de la "Caixa 2" en la Argentina, por medio de las siglas "DGI", impactan de lleno en el multimillonario proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento, según reveló el diario paulista Estadao, en febrero de este año, por unos US$ 20 millones.
Esos indicios apuntan, en particular, a Marcio Fariaun, un lugarteniente de Marcelo Odebrecht; a Hilberto Mascarenhas, y a otros dos protagonistas del lado oscuro de la compañía: Fernando Migliaccio y Mauricio Couri Riveiro.
Todos ellos, Odebrecht, Faria, Mascarenhas, Migliaccio -detenido en Suiza y deportado a su país- y Couri Ribeiro colaboran con las autoridades brasileñas, que los pusieron contra las cuerdas. Así, por ejemplo, habían detectado los esfuerzos coordinados de Couri Riveiro con, entre otros, un director de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, y con el testaferro de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez.
En voz baja, Odebrecht aparece vinculado en la Argentina al pago de sobornos, "gestos de buena voluntad", aportes de campaña y el reparto de "sobres" entre un puñado de políticos y periodistas.
Pero en documentos oficiales, no hay rastros de esa supuesta operatoria. Sólo aparece una subsidiaria, Braskem, que entregó $ 500.000 a la campaña de Macri, pero nada a las de Daniel Scioli o Sergio Massa, sus grandes contendientes.