La audiencia de discusión de la cautelar para los oficiales de Esperanza acusados de corrupción policial duró cuatro horas y media de debate con intervalos. Primero, el ex Jefe de la 1ra Zona de Inspección, Jorge Antonio Bordiga, hizo un nuevo descargo de los hechos que se le atribuyeron frente al juez que le dictó la prisión preventiva, Nicolás Falkenberg.
A él, se sumaron sin suerte los cuatro coimputados de ser parte de una asociación ilícita quienes trataron de intentaron acusar a integrantes de la Policía de Investigaciones de Las Colonias.
Uno al lado del otro, con sus manos apretadas y por momentos cabizbajos, Guillermo Fabián Bocaturo (34), Franco Oscar “Lechuga” Cornejo (42), Miguel Ángel Acuña (24) y Juan Ceferino Moreira (42) escucharon las maniobras delictivas de las que se los acusa y luego pidieron la palabra ante el juez Sergio Carraro, las partes y un público de tres periodistas.
“Se les atribuye integrar una estructura formada por policías, entre los que se encuentran Gerardo Sánchez (ex
Jefe de Sumarios de la Cría 1ra de Esperanza quien firmó juicio abreviado) y Jorge Bordiga”, dijo la fiscal Mariela Jiménez junto a su compañera de investigación Laura Urquiza.
Según las representantes del Ministerio Público, se reunieron suficientes pruebas para evidenciar que los imputados valiéndose de su función pública realizaban abuso de poder con el fin de cometer ilícitos. Franco y Moreira realizaban tareas de calle desde invierno de 2015. Bocaturo y Acuña desde abril de 2016. “Los coimputados formaban parte de la Brigada de Investigaciones la cual funcionaba paralela a la PDI. Todos obedecían a Bordiga, con quien tenían mucha confianza entre sí y trato diario porque él los protegía y cubría si tenían algún problema” agregaron.
Las pesquisas trabajaron sobre tres casos puntuales en los que consideran todos estos policías tuvieron algún grado de responsabilidad. En todos, los imputados intimidaron o amedrentaron a una/s persona/s para no perseguir la acción penal en su contra. De hecho, Jiménez y Urquiza resaltaron que la investigación comenzó a partir de una serie de robos a mano armada en diciembre de 2016 que despertó dudas acerca del accionar policial. Esas dudas hoy llevan a 10 policías involucrados (5 con prisión preventiva, 1 condenado con juicio abreviado, 3 con libertad bajo juramento y uno imputado en libertad) en una investigación que está lejos de terminarse.
Escuchas telefónicas de una asociación ilícita “Estamos en Sauce Viejo, cerca de Rosario… vamos a descargar en Rosario… me fui porque no me quieren en mi casa. Es que le dimos caño a un par de lados. Cinco calificados en 9 horas…. Además está todo mal con los de Investigaciones. 40 me piden para arreglar”, le cuenta un muchacho
llamado Brian Figueroa a un amigo el 21 de enero de 2017. Se trata de una escucha telefónica incorporada en la causa en la que se hace referencia al pedido que personalmente hicieron Cornejo, Acuña, Bocaturo y Moreira con Bordiga a sus padres para liberarlo del proceso. Es que los policías lo habían identificado como uno de los dos motochorros que a mediados de diciembre cometieron 6 robos calificados en zona del Parque de la Agricultura de Esperanza. Lejos de detenerlo, visitaron a bordo del auto de la Brigada a los padres de Figueroa y les pidieron 40 mil
pesos para “sanar las c… que se mandó”. Tras meses de exigencias de los uniformados, Figueroa fue detenido por la PDI y el matrimonio denunció a los policías. En rueda de personas, Estela Maris Solís (madre de Brian) reconoció ayer a cada uno de los agentes que intentaron extorsionarla.
“Jorge, dónde estás. Podes venir que acá hay una mujer que lo quiere denunciar a Franco. A ver si podes pilotearla”, le dijo en otro pinchazo de teléfono el jefe de Sumarios Sánchez a Bordiga. Este último llama por teléfono a Cornejo para advertirle. Las charlas refieren a la presencia de M.R. quien se presentó en la Cría 1ra a denunciar que el miembro de la Brigada de Investigaciones fue a su casa y le exigió devuelva un dinero robado en el Ministerio de Trabajo donde ella había ido a hacer un trámite. “Si no me da el dinero su nombre va a salir en el cable local”, le habría dicho.
Ambos hechos fueron calificados como tentativas de extorsión y amenazas coactivas, los cuales se suman a otra situación cuyo damnificado habría recibido anteriormente favores de Bordiga. Se trata de Lucas R. quien acompañaba a Brian Figueroa la noche de los robos en el Parque de la Agricultura y arregló su libertad con el jefe de la dependencia bajo la frase de “podes ganar si conseguís dinero y lo repartimos”. Un mes después lo visitaron en la casa en la que vivía Bocaturo y Cornejo reclamándole dinero tras el robo de una quiniela.
Es que Lucas R. había publicado en su cuenta de Facebook una foto con dinero en mano tras un trabajo de colocación de piletas. Pero los policías insistían en sindicarlo como autor del robo.
Sorpresivamente, tres o cuatro días después Bocaturo regresó al lugar pero esta vez con Acuña y le dijo al joven que ya no iban a pedirle dinero pero que no los denuncie. “Surge de la investigación que estamos ante un grupo con un acuerdo tácito que la fiscalía ha ido descubriendo. Porque consideramos que solos no podrían hacerlo. Es una estructura que permanece en el tiempo por el tipo de actividad y colaboración en los hechos”, dijeron las fiscales.
Y recordaron que todos los coimputados fueron acusados por violación de pruebas y documentos a partir del allanamiento que realizaron en la oficina donde supuestamente funcionaban dentro del a Cría 1ra. Allí se encontraron secuestros sin cadenas de custodia, denuncias sin trámite, etc.
“Creemos que los miembros de esta asociación ilícita decidían que se informaban a la fiscalía, qué efectos se devolvían y sobre todo qué se investigaba”, sostuvo Jimenez. Con Urquiza, la representante del MPA solicitó la medida cautelar teniendo en cuenta que la pena en expectativa por todos los delitos sería de cumplimiento efectivo y el peligro de entorpecimiento probatorio.
Los agravios de los defensores
En representación de Moreira, los abogados Raúl Sartori y Juan Aguilar exigieron la libertad de su pupilo porque consideraron no estaban dadas las condiciones para responsabilizarlo de los hechos atribuidos. Incluso definieron el proceso como desprolijo y desordenado. En tanto, el Dr. Carlos Ferreiro rechazó la figura de la asociación ilícita de plano y ofreció una caución personal para la libertad de sus representados Bocaturo, Acuña y Cornejo. “Ellos no cometían ilícitos sino que los descubrían porque son investigadores”, exclamó el letrado.
Declaraciones y coartadas
Pese a que todos ejercieron su derecho de descargo, ninguno de los coimputados quiso responder preguntas de la Fiscalía. Todos se declararon inocentes e hicieron referencia a las tentativas de extorsión de Figueroa, Lucas R. y la mujer que estaba en el Ministerio de Trabajo. En ese sentido, Bordiga fue el primero en jurar que nunca recibió dinero de elementos secuestrados. “De los efectos que hay en la comisaría, el responsable era el sumariante. Respecto al llamado que me hace haciendo referencia a que e iba a dividir dinero, yo no recibí nada”, dijo. Además, el ex jefe policial acusó a la familia Figueroa de ofrecerle a él una camioneta a cambio de que lo liberen.
Bocaturo comentó que trabajó en la Brigada desde julio de 2016, bajo las órdenes del Crio Ariel Cecotti como Jefe de zona y con Moreira como pareja. Aseguró que no estuvo presente cuando fueron a la casa de Figueroa (estaba de franco) aunque si fue a lo de Lucas R. puesto que sus jefes le enviaron una foto de wasap en la que aparecía el muchacho con mucho dinero. El imputado fue el primero en nombrar a personal de la Policía de Investigaciones puesto que aseguró que salió el dueño de casa y dijo: “vinieron los de la PDI y me allanaron. A los dos días volvieron para arreglar”.
En tanto, Cornejo hizo referencia a su ingreso a la Brigada en setiembre del año pasado con Acuña.
“Sobre lo de Figueroa, Bordiga es quien va a la casa (…) Sobre lo del Departamento de Trabajo, a mí me llama el encargado Fabián Borga porque habían robado dinero de un bolso. Me dice de quien se trataba y donde vivía (…) voy a la casa y la señora asegura que no tuvo que ver y quedamos que después iba a ser citada para brindar su testimonio. Pero luego no hubo denuncia de la víctima (…) Y sobre lo de Luca R. a mí también me dijo que los de la PDI lo tenían podrido”.
Por último, Acuña también desmintió su responsabilidad en los hechos sobre todo del pedido de dinero a la familia Figueroa e hizo referencia –como sus compañeros- a un presunto accionar malicioso de la PDI dando nombres y apellidos. Sucede que se sabe que la Brigada en la que estaba este oficial y los otros no debería haber funcionado en forma paralela al nuevo organismo de investigación creado a nivel provincial. Y, en caso de hacerlo, al menos no entorpecer las investigaciones ocultando pruebas y arreglando con los delincuentes de la zona.