Los colegios electorales de Colombia abrieron hoy a las 8 hora local (13.00 GMT) para el referndo en el que 34.899.945 ciudadanos podrán votar "sí" o "no" al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.
Los centros de votación estarán abiertos durante ocho horas, hasta las 16.00 local (21.00 GMT), y se espera que una hora después ya haya resultados consolidados.
"¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?" es la pregunta que los colombianos tendrán que responder.
El acuerdo lo firmaron el pasado lunes en Cartagena de Indias el presidente colombiano, Juan Manuel Santos , y el máximo dirigente de las FARC, Rodrigo Londoño, "Timochenko", en una ceremonia apadrinada por la comunidad internacional.
La celebración del plebiscito como mecanismo de refrendación, para que sean los colombianos los que tengan "la última palabra" sobre lo acordado entre el gobierno y las FARC la propuso Santos y el pasado 18 de julio fue avalada por la Corte Constitucional.
Las FARC, que defendían la convocatoria de una asamblea constituyente como mecanismo de refrendación, aceptaron el plebiscito y aprobaron el acuerdo en su Décima Conferencia Guerrillera, celebrada del 17 al 23 de septiembre en los Llanos del Yarí, en el sur del país.
La votación de hoy será la más tranquila que recuerde el país porque además el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese de acciones ofensivas durante estos días para no entorpecer el plebiscito.
¿En qué consiste el acuerdo?
El pacto firmado con las FARC tiene 297 páginas, se negoció desde 2012 en La Habana y consta de seis puntos:
Fin del conflicto
Tras el alto al fuego bilateral y definitivo en vigor desde el 29 de agosto, las FARC deben comenzar a agrupar a los 5.765 combatientes armados que declararon tener en 27 sitios acordados para la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil. El proceso será supervisado por Naciones Unidas y se realizará en 180 días a partir del 26 de septiembre, día de la firma.
Justicia para las víctimas
Reparar a las víctimas del conflicto, que dejó 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados, es el objetivo del sistema de justicia negociado, que juzgará en tribunales especiales los crímenes cometidos por todos los actores del conflicto -guerrillas, paramilitares, agentes estatales-, tanto uniformados como civiles.
Solución al narcotráfico
Las FARC aceptaron en mayo de 2014 poner fin a la producción de drogas ilícitas en territorio bajo su control y desvincularse del negocio del narcotráfico. Se acordó un plan de sustitución de cultivos ilícitos en zonas de influencia guerrillera, donde el gobierno se comprometió a brindar alternativas de sustento a los campesinos que acepten el reemplazo. Las autoridades de Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, seguirán combatiendo al narcotráfico, que desde la década de 1980 ha sido combustible para el conflicto armado.
Con el acuerdo, las FARC se convierten en un movimiento político legal y el gobierno se compromete a garantizar su seguridad para evitar que sus militantes sean asesinados, como ocurrió a manos de paramilitares y fuerzas estatales en los años 1980 y 1990, luego de un fallido proceso de paz. Además, a las FARC se les asignarán 10 escaños en el Congreso de 268 miembros por dos periodos legislativos consecutivos, cada uno de cuatro años, si no logran los votos suficientes.
Desarrollo agrario
Las partes firmaron en mayo de 2013 un acuerdo en el que el gobierno se compromete a otorgar más acceso a tierras, créditos y dotar de servicios básicos a los territorios rurales asolados por la conflagración interna. La repartición de tierras y una reforma agraria son reclamos históricos de las FARC, nacidas en 1964 de una sublevación campesina.
Refrendación
Para hacerse efectivo el acuerdo deberá ser refrendado en el plebiscito de este domingo. Se considerará aprobado si se registran al menos 4,4 millones de votos por el "Sí" y que esa opción no sea superada por el "No". Si es avalado por la ciudadanía, el Congreso deberá aprobar la legislación necesaria para implementar los acuerdos. Si es rechazado, lo negociado no podrá ser ejecutado.