La Municipalidad de Santa Fe llevó a cabo una nueva clausura del establecimiento perteneciente a la empresa Contenedores Méjico, ubicado en el ingreso al distrito costero de Alto Verde, tras verificar el incumplimiento de la restricción impuesta el pasado 21 de julio. El procedimiento estuvo liderado por la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Control, luego de detectar que el predio continuaba operando e ingresando residuos de forma irregular sin contar con la habilitación correspondiente. "Nosotros estamos obviamente reiterando la clausura en un lugar que ya estaba clausurado y que ha violado nuevamente la clausura", ratificó el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Mastropaolo.

Durante el operativo municipal, peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y técnicos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia procedieron a tomar muestras y secuestrar residuos hallados en el terreno para su posterior análisis de laboratorio. La inspección busca determinar la posible presencia de materiales peligrosos y patológicos, así como constatar si se ejecutaron maniobras de enterramiento clandestino. Al respecto, el funcionario municipal aclaró que el informe final quedará a disposición del Ministerio Público de la Acusación y advirtió que "no me corresponde a mí probar lo que han estado enterrando durante mucho tiempo, porque para eso están los análisis del ministerio y del MPA, pero si eso se demuestra, obviamente va a haber una tipología penal que se le va a incorporar a la causa".

Una de las mayores preocupaciones planteadas por las autoridades locales radica en la alteración topográfica y el relleno no autorizado de los valles de inundación y los reservorios hídricos de la zona costera. Desde la Secretaría de Gobierno indicaron que el avance de estos rellenos consolida el terreno hacia áreas protegidas que cumplen una función clave durante eventos hidrometeorológicos en el marco del fenómeno de El Niño. "Creo que en este contexto más que nunca tenemos que estar presente en la costa, tenemos que cuidar los valles de inundación, tenemos que cuidar los reservorios, tenemos que estar muy atentos a cualquier modificación del suelo porque puede tener consecuencias", remarcó Mastropaolo.

El caso ya trascendió la órbita del control administrativo municipal para convertirse en una investigación judicial en el fuero penal impulsada por denuncias previas. Las inspecciones satelitales y los relevamientos de la evolución del terreno aportados por el Municipio reflejan una ocupación progresiva sobre sectores donde está estrictamente prohibido volcar materiales o modificar los cauces naturales. En ese sentido, el titular de la cartera de Gobierno enfatizó que "hay una denuncia penal, está interviniendo una fiscal del MPA, o sea, esto tiene un ribete mucho más complejo que una sola clausura administrativa por parte del municipio".

Finalmente, desde el municipio santafesino instaron a los titulares de la firma comercial a que desistan de continuar con actividades ilegales y se presenten en la sede municipal para encauzar el conflicto por la vía formal. Sin embargo, las autoridades remarcaron que el monitoreo sobre la costa continuará de forma permanente para resguardar la seguridad hídrica y ambiental de los vecinos. "Estamos monitoreando la zona, estamos controlando la zona, no vamos a permitir que nadie tome decisiones en beneficio de un grupo empresarial y que pueda llegar a afectar el resto de la comunidad", concluyó el funcionario.