La destitución de Gastón Salmain como juez federal de Rosario abrió una discusión que excede su conducta individual: cómo logró acceder al cargo después de haber sido cesanteado del Poder Judicial y qué controles fallaron para detectar ese antecedente. El magistrado fue removido por mal desempeño al haber omitido esa información durante el proceso de selección.

Para la diputada provincial Cattalini, la decisión representa un avance, pero también obliga a revisar el funcionamiento de la Justicia federal santafesina. En diálogo con LT10, sostuvo que las investigaciones sobre funcionarios judiciales permiten comprender parte de la falta de respuestas que padeció Rosario frente al avance del narcotráfico.

“Es un juez que había sido cesanteado del Poder Judicial”, recordó sobre Salmain. Y cuestionó que ese antecedente no hubiera sido advertido antes de su llegada a la magistratura: “Nunca lo dijo y lo más grave es que nunca nadie se dio cuenta”.

El reclamo por una Justicia que investigue

Cattalini planteó que la remoción debe convertirse en un punto de partida para recuperar la confianza ciudadana. Reclamó una Justicia federal dedicada a investigar delitos y responder a las demandas de la población.

La legisladora vinculó las irregularidades judiciales con los años de violencia que atravesó Rosario. Cuestionó a funcionarios que, según sostuvo, tenían responsabilidades para intervenir y no lo hicieron mientras la ciudad sufría las consecuencias del crimen organizado.

“A mí me preocupa que haya muchos sectores de la política que no digan nada”, expresó. Para la diputada, el debate involucra la administración de justicia, el ejercicio del poder y la posibilidad de que los ciudadanos vivan en paz.

Aunque valoró la destitución, advirtió que el trabajo no termina con el apartamiento del magistrado. “Todavía hay que seguir revisando algunas cuestiones para que efectivamente la Justicia federal de Santa Fe sea ejemplar”, afirmó.

El cambio en las investigaciones federales

La diputada destacó la implementación del sistema acusatorio federal en Santa Fe, que ubicó el 6 de mayo de 2024, y consideró que permitió dinamizar las investigaciones.

Según evaluó, la incorporación de nuevos funcionarios y el cambio en la forma de tramitar las causas favorecieron el avance sobre actores de poder. En ese contexto, respaldó a los fiscales que investigaron a integrantes del propio sistema judicial.

“Yo respaldo el accionar de muchos fiscales”, sostuvo, al destacar que impulsaron causas aun cuando involucraban a personas con las que compartían ámbitos de trabajo.

Cattalini también recordó que desde el socialismo se reclamó durante años una mayor presencia de la Justicia federal, con más cargos y recursos, para enfrentar los delitos que afectaban a Rosario.

Seguridad: un pedido de acuerdos dentro de Unidos

Durante la entrevista, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados también se refirió a las diferencias internas por las reformas en seguridad. Tras la postergación del tratamiento del paquete de nuevas herramientas, se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un consenso.

“En Unidos hemos tenido muchas veces muchas diferencias, muchas miradas distintas porque es lógica una coalición de gobierno integrada por partidos distintos”, explicó.

La legisladora sostuvo que es necesario continuar las políticas contra el delito, pero insistió en que deben construirse con acuerdos amplios. “Las políticas de seguridad, cuando sirven, no sirven a partir de peleas; sirven cuando hay consensos”, afirmó.

Como criterio para continuar la discusión, pidió que los distintos sectores mantengan “siempre como premisa la Constitución del 25”.

Audio: Escuchá la entrevista con Lionella Cattalini