La Municipalidad de Santa Fe llevó a cabo la semana pasada una clausura preventiva sobre la residencia de adultos mayores que funcionaba en Cabaña Leiva. Sin embargo, el establecimiento sigue funcionando activamente. Al respecto, Magalí Crespo, Directora Ejecutiva de Control de la Municipalidad, ofreció explicaciones al móvil de LT10 sobre el operativo y el alcance de las medidas tomadas por la gestión local.

En primer lugar, señaló que la decisión adoptada por orden del intendente (la clausura preventiva) "no obstaculiza en modo alguno la asistencia médica a las personas que allí residen", quienes por lo tanto siguen recibiendo dicha asistencia. En este sentido, la funcionaria detalló que los titulares del asilo tienen la obligación legal de continuar garantizando el cuidado de los internos, y que la medida municipal se adoptó por la estricta "falta de habilitación municipal para funcionar".

El cese de actividades comerciales no fue arbitrario. Crespo aclaró que la clausura se dio tras un historial de incumplimientos: "la medida se tomó a raíz de número as actas de infracción que se habían realizado sobre el lugar". Asimismo, reveló que existieron oportunidades previas para corregir el rumbo: "previamente se habían realizado una serie de intimaciones solicitando que los titulares regularicen la situación".

Al ingresar, los inspectores constataron que el lugar era una vivienda familiar adaptada que funcionaba de forma absolutamente ilegal. Al ser repreguntada sobre la clandestinidad del espacio, Crespo confirmó categóricamente: "Exactamente. Sí, totalmente clandestino. Como los titulares del lugar no iniciaron ningún tipo de trámite, los verificadores de habilitaciones no pueden" fiscalizar las condiciones estructurales antes de que el asilo abriera sus puertas. 

Crespo sostuvo que, además de la falta de habilitación comercial, el geriátrico de Cabaña Leiva presentaba "numerosas irregularidades en cuanto a la normativa de residuos". 

Doble competencia de control

En el interior del asilo clandestino fueron hallados 11 adultos mayores. Al comparar la situación con el trágico antecedente de la residencia de Nuevo Horizonte, Crespo marcó una clara diferencia en el cuidado inmediato de las personas: "No, no, era similar [a la situación anterior]... Estaban atendidas".

Para salvaguardar la salud física de los internos, el municipio dio participación inmediata a las autoridades santafesinas competentes: "Respecto a las cuestiones de salud de los mismos, se dio intervención al Ministerio de Salud de de la provincia, que es quien a través del área de Auditoría Médica verifica todo lo que tenga que ver con la salud de los de los adultos".

Crespo fue muy clara en explicar el esquema de "doble competencia" bajo el cual funcionan estos establecimientos en la ciudad: "El municipio, ¿qué es lo que controla de un geriátrico? Su habilitación para que sea comercial. Y el Ministerio de Salud controla las condiciones de las personas, las condiciones sanitarias". Este esquema implica responsabilidades bien delimitadas. 

Por tratarse de una clausura preventiva, no existe una fecha límite para su finalización; dependerá enteramente de la regularización de la empresa: "El geriátrico tiene una clausura preventiva y va a seguir así hasta tanto regularice su habilitación comercial. De manera que la clausura no tiene plazo. Va a estar sin poder ejercer actividad comercial dentro del ejido municipal hasta tanto esté habilitado".

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En cuanto al eventual traslado o reubicación de los 11 abuelos, Crespo explicó que el Municipio no tiene potestad para decidirlo directamente, sino que actúa como nexo informador: "en realidad nosotros lo que hacemos es informar la medida preventiva del Ministerio de Salud, que es el área con competencia en la cuestión médica y sanitaria y ellos tienen un protocolo y eventualmente analizarán la cuestión".

Por último, ante los cuestionamientos de por qué se le permite seguir funcionando bajo estas condiciones, Crespo ratificó el límite de las competencias municipales: "Es que en realidad el Municipio ya tomó la la medida que está dentro de sus facultades, dentro de sus competencias y se dio intervención al organismo competente, en este caso el Ministerio, y a la autoridad policial respecto de la cuestión sanitaria. Es decir, no nos podemos expedir respecto a la cuestión médica porque es otro el organismo tiene facultades para hacerlo".

Audio: Magalí Crespo, directora Ejecutiva de Control de la Municipalidad