Este miércoles, los abogados del exfuncionario expusieron sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal N°5, en el que rechazaron las acusaciones de la fiscalía y la condena solicitada a seis años de prisión por administración fraudulenta.

En primera instancia, plantearon la prescripción del caso y el sobreseimiento, argumentando que el último acto interruptivo de la prescripción fue el 8 de julio de 2020, por lo que ya se habría cumplido el plazo. En caso de no avanzar en ese sentido, busca que se anule la acusación; y en última instancia, la absolución.

Para la defensa, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Unidad de Información Financiera (UIF) no pudieron comprobar la responsabilidad de De Vido en los hechos que se le imputan.

En ese sentido, apuntaron que ningún testigo mencionó al exministro como partícipe en los delitos que se investigan, y cuestionaron al perito Pedro Guzmán por considerar que “adulteró” documentos que serían claves para sostener la acusación en su contra.

También insistieron en que la imputación se basó en su relación política con las Madres de Plaza de Mayo, cuya fundación estaba a cargo del programa Sueños Compartidos. Al respecto, la defensa afirmó que “no había un vínculo particular” y que “solamente las conocía en el marco de actos protocolares”.

Además, rechazaron que haya direccionado a las jurisdicciones a realizar las obras investigadas a través de la Fundación. En esa línea, remarcaron que De Vido no tuvo intervención directa en el proceso de adjudicación, ya que esas decisiones “no eran su competencia”.

La causa investiga una presunta estructura delictiva que entre 2005 y 2011 desvió $206.438.454,05 de fondos que la Secretaría de Obras Públicas destinó a través de la construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos, gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.