El mercado inmobiliario argentino podría atravesar una de sus mayores transformaciones en décadas si avanza el proyecto de desregulación que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La iniciativa, que sería enviada al Congreso en los próximos días, propone modificar el esquema actual del corretaje inmobiliario: eliminar la matrícula obligatoria, cambiar el rol de los colegios profesionales y abrir la actividad a nuevos actores comerciales y tecnológicos.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca reducir barreras de ingreso, fomentar la competencia y facilitar nuevos modelos de negocios. En cambio, referentes del sector advierten que podría implicar una pérdida de controles sobre una actividad que interviene en operaciones de alto valor económico.

Los cinco cambios que plantea la reforma

1. El fin de la matrícula obligatoria Uno de los puntos centrales del proyecto es eliminar la obligación de contar con matrícula profesional y título universitario específico para ejercer el corretaje inmobiliario.

Actualmente, quienes intermedian en operaciones de compra, venta o alquiler deben matricularse en el colegio profesional correspondiente a la jurisdicción donde trabajan. Si la reforma avanza, esa exigencia desaparecería y la actividad quedaría regulada por normas generales comerciales.

Para el Gobierno, esto permitiría que más personas ingresen al mercado y aumentaría la competencia. Los sectores críticos sostienen que la matrícula funciona como una herramienta de protección para los consumidores.

2. Cambios en el rol de los colegios inmobiliarios La iniciativa también modifica las funciones de los colegios profesionales, que actualmente administran matrículas, aplican sanciones disciplinarias y controlan aspectos éticos de la actividad.

De aprobarse el proyecto, esas instituciones continuarían como asociaciones civiles, pero perderían sus facultades regulatorias sobre corredores e inmobiliarias.

Mientras los impulsores de la reforma consideran que los controles pueden garantizarse mediante el Código Civil y Comercial y las normas de defensa del consumidor, sus detractores cuestionan la desaparición de un sistema específico de supervisión.

3. Una inmobiliaria podría operar en todo el país Otro cambio relevante sería la eliminación de las restricciones territoriales.

Hoy, un corredor matriculado en una provincia debe cumplir determinados requisitos para trabajar en otra jurisdicción. Con la nueva normativa, una inmobiliaria podría ofrecer servicios en distintos puntos del país sin necesidad de tramitar múltiples matrículas.

El cambio beneficiaría especialmente a cadenas nacionales, franquicias, desarrolladores y plataformas digitales que buscan ampliar su alcance.

4. Libertad para definir honorarios El proyecto también propone eliminar escalas mínimas o referencias obligatorias para las comisiones inmobiliarias. De esta manera, corredores y clientes podrían acordar libremente los honorarios de cada operación.

Quienes apoyan la medida consideran que una mayor competencia podría reducir costos. Desde el sector que rechaza la iniciativa advierten que una competencia basada únicamente en precios podría afectar la calidad del servicio.

5. Nuevos jugadores en el mercado La modificación más profunda, según especialistas, estaría en cambiar la definición jurídica del corretaje inmobiliario.

Si deja de ser considerado una profesión regulada y pasa a funcionar como una actividad comercial, podrían incorporarse con mayor fuerza plataformas digitales, empresas de tecnología inmobiliaria, bancos, fintech, desarrolladores y compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

Ese escenario podría acelerar procesos como tasaciones digitales, contratos electrónicos y automatización de trámites.