La inseguridad en las zonas rurales de la provincia de Santa Fe no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia y la modalidad de los ataques han puesto en alerta máxima a las entidades agropecuarias. Por LT10, Diego Alonso, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), describió un panorama de desamparo donde el "raterismo" convivive con hechos de extrema violencia.

Un escenario de vulnerabilidad

Para Alonso, la problemática arrastra años de desatención. Según explica, la geografía y la falta de presencia permanente en algunos establecimientos facilitan el accionar delictivo. "Se la estamos dejando muy fácil a los que viven de lo ajeno (...) el modo de robar de las personas que tratan de mantenerse como si fuera un trabajo del raterismo de recolectar cosas, de andar por los campos, de saquear taperas, de abrir galpones y robar herramientas cuando no es también robar ganado menor o ganado mayor".

La preocupación no solo radica en las pérdidas materiales, como baterías o ruedas de maquinaria, sino en la creciente violencia de los episodios. El secretario recordó casos con tiroteos y víctimas fatales en localidades como Grutly y Lehmann. "Parece fácil porque hay poca vigilancia o porque robaste y te encontraron con las bolsas con carne y bueno, el juez te agarra, te pinta los dedos y a los dos días está afuera".

La "cifra negra" del delito rural

Uno de los datos más impactantes revelados por Alonso surge de una encuesta reciente realizada por Carsfe entre sus asociados. El sondeo indica que el 70% de los productores sufrió un hecho de inseguridad en los últimos dos años. Sin embargo, la mitad de estos delitos no llegan a la justicia.

"Alrededor del 50% de las personas afectadas por delitos rurales no hace la denuncia. Yo creo que es porque descreen en el sistema policial de investigación y después en el sistema judicial de persecución penal del delito". Esta falta de confianza se ve alimentada por la burocracia y la sensación de que el delito rural es considerado "menor" frente a los problemas urbanos. Alonso añade con preocupación: "Tanto es así que mucha gente no quiere vivir más en el campo".

El reclamo de políticas de Estado

El dirigente rural señaló que, aunque la Guardia Rural "Los Pumas" mantiene su prestigio, la fuerza se encuentra limitada por la falta de recursos y la inmensidad del territorio a cubrir. Citó como ejemplo que entre Esperanza y San Cristóbal existen 140 kilómetros que carecían de destacamento, lo que hace "imposible controlar".

Asimismo, lamentó la falta de diálogo con las autoridades actuales del Ministerio de Seguridad y la discontinuidad de la "Mesa para el abordaje integral del delito rural", un espacio que permitía analizar datos operativos y coordinar acciones.

"Necesitamos una reunión porque, por ejemplo, temas fiscalías rurales, equipamiento de la guardia rural, la persecución penal del delito... todas estas cuestiones tienen que ser una política de estado", concluyó Alonso, subrayando que, si bien se perciben esfuerzos en seguridad general, "necesitamos que se haga más, sobre todo para el ámbito rural".