El Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino emitió 53 notificaciones de cobro para resarcir los costos de los despliegues policiales ante los sucesivos llamados por amenazas de tiroteos en escuelas que resultaron ser falsas. Solo seis familias abonaron la multa, lo que representa poco más del 10% del total.

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, brindó detalles en conferencia de prensa sobre el alcance de la medida implementada por provincia. El plan poseía un doble objetivo: frenar la ola de falsas amenazas de bomba en los establecimientos educativos y recuperar los fondos públicos que demandan los operativos de las fuerzas de seguridad.

Según la última información proporcionada, hasta el momento se registraron seis pagos efectivos distribuidos en distintas regionales del territorio provincial: tres en San Lorenzo,  uno en La Capital, uno en Rosario, y uno en Iriondo.

"El cumplimiento en relación a todas las notificaciones realizadas ronda el 10%. Más allá de eso, valoramos la importancia de aquellas familias que entendieron el impacto negativo que estaban generando estas amenazas", destacó Coudannes.

Ante el bajo nivel de recaudación voluntaria, la funcionaria confirmó que la Fiscalía de Estado, conducida por Domingo Rondina, ya comenzó a trabajar en la judicialización del resto de los infractores que hicieron caso omiso a los avisos.

"El fiscal de Estado comienza desde su rol a judicializar las deudas, tal como habíamos advertido en su momento. Habrá consecuencias legales para aquellos que no hayan pagado", enfatizó la secretaria.

Consultada sobre la posibilidad de diseñar un plan para que las familias deudoras puedan responder ante la sociedad mediante otras vías, como la prestación de servicios comunitarios o sociales, Coudannes aclaró que el Poder Ejecutivo ya agotó su instancia administrativa.

"Por ahora se trata del inicio de las actuaciones judiciales a través de la Fiscalía. Si existen otras alternativas de solución o cumplimiento, serán impartidas directamente desde la Justicia. No es el Ministerio de Seguridad el que posee la potestad de determinarlo una vez iniciada la causa", concluyó.

Audio: Virginia Coudannes, vocera del gobierno provincial