Diputados aprobó la regulación de cuidacoches pero con cambios

La iniciativa tuvo el acompañamiento exclusivo del interbloque oficialista, con un resultado de 25 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto que busca regular y sancionar la actividad de los cuidacoches o "trapitos". No obstante, la Cámara baja introdujo modificaciones respecto de la iniciativa que había recibido media sanción del Senado, por lo que deberá regresar a la Cámara Alta, que tendrá la última palabra sobre la redacción definitiva de la ley. La iniciativa tuvo el acompañamiento exclusivo del interbloque oficialista, con un resultado de 25 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

El texto aprobado incorpora nuevas figuras al Código de Convivencia provincial y establece sanciones para quienes exijan o requieran, de manera intimidatoria, una retribución económica por el uso de espacios públicos destinados al estacionamiento de vehículos o por tareas vinculadas a su guarda, cuidado, lavado o limpieza.

La redacción de Diputados condiciona la aplicación de las sanciones a aquellos casos en que la actividad se desarrolle sin autorización de la autoridad competente y en lugares donde exista una prohibición establecida por la normativa local vigente.

Posturas enfrentadas en el debate por la regulación de cuidacoches en Santa Fe

Las sanciones previstas

La iniciativa incorpora el artículo 66 bis al Código de Convivencia y prevé una pena de prohibición de concurrencia de hasta 60 días para quienes incurran en estas conductas. La sanción podrá extenderse de 60 a 120 días cuando la actividad se realice en zonas de estacionamiento medido, en las inmediaciones de eventos masivos o cuando exista un aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad vinculadas al género, la edad o la discapacidad de la víctima.

Además, se establece que la sanción podrá ser reemplazada por trabajo comunitario cuando exista un acuerdo entre las partes o así lo disponga el juez interviniente.

Otro de los cambios es la incorporación de una figura específica para quienes organicen o coordinen estas actividades. En esos casos, el proyecto prevé un arresto de hasta diez días y la prohibición de concurrencia al lugar donde se cometió el hecho por un plazo de hasta 240 días.