El proyecto de ley que busca regular o prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe cuenta con preferencia para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Mientras continúan las intensas negociaciones políticas en la Comisión de Asuntos Constitucionales para intentar emitir un dictamen este mediodía, el debate sumó ayer las voces de la Pastoral Social y del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, quienes expusieron sus reparos ante un plenario de comisiones.

Tanto los sectores vinculados a la Iglesia como los organismos civiles coincidieron en sus diagnósticos sobre el trasfondo de la problemática. La Pastoral Social de Rosario presentó un documento —al cual adhirió la institución de Santa Fe— en el que advierte que la compleja situación socioeconómica golpea con dureza a los sectores más vulnerables. Frente a esta realidad, señalaron que muchos cuidacoches encuentran en esta actividad un medio precario pero indispensable para subsistir día a día.

De acuerdo con la entidad religiosa, la meta de cualquier propuesta sostenible en el tiempo no debe ser perpetuar la figura del "trapito", sino ofrecer una salida real, digna y progresiva de la informalidad. Asimismo, el texto remarca que, si bien el delito es siempre condenable y no admite justificativos ideológicos, es necesario reconocer que la mayoría son personas que intentan subsistir, por lo que toda legislación debe contemplar el bien común y la atención prioritaria a los sectores menos favorecidos.

En el marco de las audiencias en las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, el abogado Guillermo Munné, miembro del colectivo Tramas-Derecho en Movimiento e integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, cuestionó con dureza la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

En diálogo con LT10, Munné argumentó que el proyecto acumula graves vicios jurídicos. "Para nosotros es rotundamente inconstitucional. En primer lugar, tiene un carácter discriminatorio para el derecho argentino. La Ley Nacional contra la Discriminación y la jurisprudencia de la Corte Suprema establecen que no se puede perjudicar a una persona por su posición económica o social. Este proyecto persigue a los sectores más vulnerables en lugar de favorecerlos, cediendo ante los prejuicios de los sectores socioeconómicos más privilegiados", afirmó el letrado.

Asimismo, el especialista advirtió que la norma viola el artículo 19 de la Constitución Nacional, el cual establece el principio de reserva y marca el límite del accionar punitivo del Estado. "Ese artículo indica que las acciones privadas de las personas que de ningún modo perjudiquen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados. Si un ciudadano libre acuerda voluntariamente con un trabajador de la calle para que le mire el coche a cambio de una retribución, el Estado no tiene derecho a entrometerse con herramientas penales o contravencionales", detalló.

Percepciones, delitos y el fantasma de la "portación de cara"

Al ser consultado sobre el reclamo de muchos vecinos que aseguran pagar por temor a sufrir represalias en sus vehículos, Muné diferenció las sensaciones subjetivas de los delitos reales. "Esa es una percepción respetable, pero los actos libres de los ciudadanos no pueden ser interpretados a partir de los prejuicios o las malas sensaciones de un sector. Quien no desee contratar este servicio informal puede no hacerlo, pero lo que decididamente es inconstitucional es considerar a los cuidacoches transgresores y aplicarles penas de arresto basados en meras sospechas", enfatizó, citando como contraejemplo el trato cotidiano y cordial que muchos vecinos mantienen con trabajadores de su confianza.

En términos técnicos, el abogado explicó que el proyecto no solo penaliza las prácticas intimidantes o extorsivas —las cuales ya están tipificadas en el Código Penal como delitos de amenaza y coacción—, sino que también criminaliza las conductas voluntarias, vulnerando el principio de lesividad. "El texto propuesto indica que basta con que alguien interprete de manera subjetiva que una situación es intimidante para que se configure la falta. Esto abre la puerta a la estigmatización y a la penalización por 'portación de cara'", alertó.

La sombra de las barras y la "aporofobia" en el centro

Respecto a los conflictos territoriales y las extorsiones en espectáculos públicos, Munné fue categórico al señalar que "las mafias que operan en los estadios de fútbol se pueden combatir perfectamente con las normas del Código Penal", pero denunció que esto no ocurre "porque gozan de impunidad debido a sus arreglos con sectores del poder político y judicial".

Para el referente del Foro contra la Impunidad, la motivación discriminatoria y de "aporofobia" (fobia a los pobres) queda en evidencia al observar que el proyecto duplica las sanciones si la actividad se realiza en zonas de estacionamiento medido. "El daño real de la conducta es exactamente el mismo a diez cuadras de distancia, pero se agravan las penas en el centro, la zona bancaria y los bulevares porque la verdadera pretensión inconstitucional de algunos sectores es no ver a personas pobres cerca de sus automóviles", fustigó.

Finalmente, de cara a la sesión de este jueves, Munné lamentó que los defensores del proyecto "no supieran articular un solo argumento constitucional para rebatir en un debate serio" y que legislen "en base a prejuicios". Aunque el proyecto cuenta con el aval de la mayoría, anticipó que, si se convierte en ley, recurrirán a la Justicia: "Si los trabajadores informales deciden organizarse colectivamente para defenderse de esta norma estigmatizante, contarán con el patrocinio gratuito de nuestro colectivo jurídico para frenar la aplicación de una ley contraria a los tratados internacionales vigentes".

Audio: Guillermo Munné, abogado, miembro de Tramas-Derecho en Movimiento del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe