La investigación por presuntas coimas y maniobras ilegales en la Seccional 8ª de Santa Fe volvió a poner el foco sobre los controles internos dentro de la policía provincial. En paralelo, el Gobierno santafesino continúa con operativos de inactivación de búnkeres narco.

En ese contexto, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó declaraciones al móvil de LT10 y dejó definiciones contundentes sobre los efectivos acusados de corrupción policial.

“De parte del Gobierno no hay la más mínima duda en cuanto a la acción y al mensaje”, sostuvo el funcionario al ser consultado por los policías involucrados en la causa por coimas vinculadas a la entrega irregular de una moto secuestrada.

Según explicó, apenas se conoció el caso se tomaron medidas administrativas inmediatas. “Todos los involucrados fueron pasados a situación de disponibilidad, están con sumario administrativo y por supuesto que se va a avanzar con el sumario”, indicó.

Además, remarcó que las sanciones podrían derivar en la expulsión definitiva de la fuerza. “Seguramente, al haber condena, no hay otra posibilidad que una sanción destitutiva”, afirmó.

Diferencia entre el uso de la fuerza y la corrupción
Durante la entrevista, Cococcioni marcó una diferencia clara entre los casos de uso de la fuerza policial y los hechos de corrupción. “Si hay un caso de duda con respecto a un policía usando la fuerza contra un delincuente, nosotros tenemos indudablemente policía hasta que me demuestren lo contrario”, expresó.

Sin embargo, aclaró que la postura cambia por completo frente a delitos cometidos dentro de la propia institución. “Ahora, en casos de corrupción, no hay ningún tipo de tolerancia”, sentenció.

Plan de inactivación de búnkeres

El ministro también se refirió a los allanamientos realizados en una vivienda de la intersección de Zavalla y Zaspe, señalada como punto de venta de drogas. Allí confirmó que la Provincia ya trabaja para avanzar con su inactivación.

“El criterio nuestro no es derrumbar por derrumbar”, explicó. Y agregó que la prioridad está puesta en aquellos lugares que generan violencia y afectan la convivencia de los vecinos. “Cuando el punto de venta de estupefacientes se convierte en un factor criminógeno, en un factor de atracción de otros delitos y de molestia a los vecinos, esperamos en breve tener una resolución que nos habilite a inactivarlo”, señaló.

Cococcioni indicó además que ya fueron inactivados 117 búnkeres narco en distintos puntos de la provincia y adelantó que la intención es ampliar ese esquema durante toda la gestión. “El objetivo es terminar la gestión con el hecho de que en cada departamento donde haya al menos un búnker denunciado, haya al menos un búnker derrumbado”, afirmó.

Audio: Escucha el Movil de Veronica Ensinas