Organizaciones sociales se movilizaron este jueves a la Legislatura santafesina para exigir el tratamiento de una ley que reconozca el trabajo de las cocineras comunitarias. Según advirtieron referentes del sector, la demanda de raciones en los comedores de la ciudad se incrementó un 100 % en los últimos meses, mientras que las partidas presupuestarias permanecen congeladas.

La jornada de lucha, encabezada por el Frente Barrial CTA y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), busca visibilizar la situación crítica que atraviesan los 1.200 comedores y copas de leche que funcionan en la capital provincial. Las referentes Silvina Bataglini y Jorgelina Gómez destacaron que la normativa solicitada no solo es una cuestión de justicia social, sino una necesidad económica para quienes sostienen la alimentación en los sectores más vulnerables.

"Si en un primer momento hablábamos de un aumento del 50 % en la demanda, hoy tenemos un 100 % de nuevos pedidos en cada uno de los comedores", explicó Bataglini. La referente de la CTA señaló que deben afrontar este escenario con las mismas partidas de alimentos, lo que vuelve la gestión diaria "extremadamente difícil".

Por su parte, Jorgelina Gómez (CCC) describió un cambio en el perfil de quienes asisten a buscar una ración: "Ya no es solo el vecino desempleado; ahora vemos a trabajadores municipales y metalúrgicos haciendo cola en los comedores porque no llegan a fin de mes". De acuerdo con las estimaciones de las organizaciones, un comedor promedio en la ciudad asiste diariamente a entre 200 y 300 personas.

El proyecto legislativo busca que se reconozca formalmente el rol de las cocineras como trabajadoras del cuidado. Actualmente, cerca de 1.000 mujeres cumplen tareas en estos espacios en la ciudad de Santa Fe, dedicando largas jornadas que les impiden realizar otros trabajos o "changas" para sostener a sus propias familias.

Se estima que solo en la capital provincial hay 165 centros que emplean entre cuatro y cinco cocineras cada uno. El reconocimiento económico permitiría un ingreso extra que complemente la economía familiar, sin "desmantelar las barriadas" que dependen de su labor.

El monto de la retribución debería ser equitativo y analizarse en función de la carga horaria que cada trabajadora presta en los servicios alimentarios.

Las organizaciones adelantaron que las movilizaciones continuarán cada jueves frente a la Legislatura hasta obtener una respuesta concreta de los legisladores. "Necesitamos que tomen conciencia de que esto es un trabajo y que las compañeras necesitan ese respaldo para llegar a fin de mes", concluyeron.

Audio: Móvil LT10, Verónica Ensinas