El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe formalizó este martes el protocolo de recupero y resarcimiento de gastos por operativos derivados de falsas amenazas. La medida surge tras un alarmante incremento de este fenómeno: solo en la jornada de ayer se reportaron 78 llamados de norte a sur de la provincia.

Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio, explicó en diálogo con LT10 que el mecanismo busca que quienes cometan estos hechos —o sus tutores, en caso de ser menores— afronten el costo económico que el Estado debe erogar para atender cada emergencia.

Aunque la cifra puede variar según la magnitud del despliegue, el tránsito de la zona y la cantidad de personas a evacuar, se estima que un operativo promedio cuesta entre 6 y 7 millones de pesos.

"Cada vez que el Estado debe dispensar un recurso para atender una emergencia, se genera una erogación que no es del gobernador ni de los ministros, sino de todos los que aportamos con nuestros tributos", enfatizó la funcionaria. El protocolo contempla no solo el movimiento de la Policía y la Brigada de Explosivos, sino también el trabajo de Bomberos Zapadores, Voluntarios y agentes municipales de tránsito.

El rol de la Justicia y la responsabilidad familiar

Para que el cobro administrativo se ponga en marcha, el hecho debe estar enmarcado en un proceso penal. "Esto no es una broma, es un delito tipificado en el Código Penal. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) debe notificar la causa al Ministerio de Seguridad para que se inicie el procedimiento de cobro", detalló Orciani.

Ante la proliferación de casos en instituciones educativas, la funcionaria fue contundente respecto a la responsabilidad de los adultos: "Si la llamada la hizo un chico, la pagan los padres". En ese sentido, destacó la necesidad de un trabajo mancomunado entre las escuelas, el Estado y las familias para desnaturalizar estas conductas que generan una gran "alarma social".

Protocolo en las escuelas

Paralelamente, el Ministerio de Educación ha instruido mecanismos de procedencia para las instituciones. Orciani mencionó, a modo de ejemplo de la gravedad del contexto nacional, que en provincias como Mendoza los alumnos ya asisten a clase con bolsas plásticas para facilitar la revisión de sus pertenencias por parte del personal docente.

"Todas las amenazas, por más que veamos reiterancia, revisten carácter de importancia y deben ser atendidas con igual celeridad por la policía", concluyó la secretaria, instando a la ciudadanía a continuar utilizando la línea 911 de manera responsable.

 

 

 

 

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Audio: Georgina Orsiani, Secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera. Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe