La polémica por el radar ubicado en el kilómetro 5,8 de la Ruta Nacional 168 (RN 168) sumó un nuevo capítulo luego de que Vialidad Nacional intimara a la provincia a retirarlo en un plazo de cinco días. El reclamo, firmado por el responsable del Séptimo Distrito, Diego Bruno, sostiene que no se inició el trámite de autorización para colocar elementos físicos en una zona bajo jurisdicción nacional.

Desde la provincia, el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, respondió con dureza. En declaraciones a LT10, aseguró que "la intimación es inconstitucional" y remarcó que la provincia está facultada por ley para instalar cinemómetros en rutas nacionales y provinciales. Además, advirtió que si el organismo nacional ordena sacar el radar, avanzarán con una denuncia penal.

En este contexto, la abogada Patricia Almirall —quien consultó en primera instancia a Vialidad Nacional sobre la legalidad del equipo— volvió a intervenir. El caso comenzó cuando pidió información al organismo nacional, que respondió que "no lo autorizamos", lo que desató el cruce público entre ambas jurisdicciones. Ahora, el conflicto escaló con la intimación de Vialidad y la fuerte réplica de la provincia.

El paso a Fiscalía de Estado

Almirall confirmó que presentó formalmente un pedido a Fiscalía de Estado para que determine la legalidad del radar. "En el día de ayer presentamos un pedido a Fiscalía de Estado para que se manifieste puntualmente sobre la legalidad del radar", explicó en diálogo con LT10.

La abogada cuestionó que la Agencia Provincial de Seguridad Vial invoque una disposición del año 2013 para justificar la instalación de un radar colocado en 2025. "Para mí, la normativa provincial dice otra cosa. La ley 13.133, en su artículo 34, habla de autorizar radares móviles o fijos previo cumplimiento de una serie de requisitos. Falta esa autorización", señaló.

En ese sentido, insistió en que "una disposición de 2013 de ninguna manera puede autorizar un radar de 2025", y remarcó que debe existir "un acto administrativo posterior al hecho que lo funda". Por eso, reclamó que Fiscalía intervenga como instancia superior.

Las infracciones y el pedido de claridad

Almirall también se refirió a un punto clave: la eliminación de infracciones anteriores al 26 de agosto. Contó que ese proceso ocurrió recién después de que el caso tomara estado público. "Yo no tengo ninguna certeza de que esto hubiera ocurrido si no tomaba difusión", planteó.

A su vez, pidió que la provincia emita un acto administrativo que informe formalmente que esas multas quedaron sin efecto. "Continúan llegando infracciones anteriores al 26 de agosto. Necesito un acto administrativo que diga que no deben abonarse y que sean desestimadas", afirmó.

Negó además las críticas personales de Torres. "Me equivoca al tratar de atacarme. Soy una ciudadana más que solicita información", sostuvo.

Dos discusiones distintas

Durante la entrevista, la abogada explicó con claridad el conflicto entre jurisdicciones. Para Vialidad Nacional, el problema es la instalación de un dispositivo físico en una ruta nacional sin autorización previa. Para la provincia, se trata de su facultad para ejercer poder de policía.

"Vialidad Nacional tiene el dominio y la jurisdicción sobre la ruta. Si quiero afectar la traza —por ejemplo, instalando un radar— debo pedir autorización. No es algo que se me ocurrió a mí; hay muchos expedientes anteriores donde este requisito se cumplió", detalló.

En contraste, admitió que la provincia sí tiene facultad para controlar velocidades y cobrar multas. "Claro que la provincia puede ejercer el poder de policía. Pero no puede afectar la traza nacional sin pedir permiso", sintetizó.

La abogada ahora espera la respuesta de Fiscalía de Estado. "Estamos a la espera de que Fiscalía se expida y lo comunicaremos oportunamente", cerró.

Audio: Escucha a Patricia Almirall