El Gobierno nacional decidió pausar la auditoría de las pensiones por discapacidad que estaba en marcha sobre más de un millón de beneficiarios. La suspensión se mantendrá mientras se desarrolla la investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), intervenida tras la difusión de audios del exdirector Diego Spagnuolo que revelaban supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos.

Según fuentes oficiales, la Andis había dado de baja hasta el momento a 128.667 beneficiarios. De ellos, 110.522 correspondían a pensiones otorgadas con irregularidades, 8.107 eran personas fallecidas y 10.038 habían renunciado al beneficio. La decisión de suspender la auditoría incluye revisar nuevamente estas bajas.

El ministro de Salud, Mario Lugones, explicó que “ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, en referencia al manejo autónomo que la agencia tenía sobre su presupuesto y compras. Durante la intervención, no se enviarán nuevas citaciones ni se realizarán controles presenciales a los 1.013.400 beneficiarios actuales.

Además, se frenó la propuesta de transformar la Andis en un área dentro del Ministerio de Salud, medida que buscaba transparentar licitaciones y compras. Mientras tanto, el Congreso volvió a poner en vigencia la ley de emergencia en discapacidad, asegurando la continuidad de los beneficios hasta que se completen las auditorías y se esclarezcan posibles irregularidades.