El Gobierno se desvincula de las acusaciones relacionadas con la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y evalúa denunciar a Diego Spagnuolo, el ahora ex extitular del ente en cuestión, tras la filtración de audios que lo involucran directamente tanto a él como a otros miembros fuertes del oficialismo. 

En Casa Rosada, las autoridades aguardan las actuaciones de la justicia para definir su estrategia ante el grave caso.

La alarma crece por el involucramiento directo de la cúpula libertaria en el escándalo, que se desató a partir de un audio donde Spagnuolo, quien fue abogado y amigo personal de Javier Milei, asegura que hay una connivencia entre funcionarios de primer y segundo rango para cobrar coimas.

Sin embargo, en Casa Rosada reina la cautela. Las autoridades deliberan sobre la estrategia política y judicial a seguir. Se analizan varios caminos, todos destinados a evitar que los altos mandos del Gobierno queden comprometidos.

Uno de los planes que consideran es denunciar a Spagnuolo por no haber presentado una denuncia formal sobre el hecho delictivo que mencionó en la conversación grabada que se hizo pública esta semana.

En efecto, los allegados a Milei buscan desacreditar a Spagnuolo. Este viernes hubo largas deliberaciones en Casa Rosada, donde Milei llegó temprano junto a Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, Santiago Caputo y Manuel Adorni, el vocero presidencial. 

Por ahora, solo avanzaron con el despido de Spagnuolo, aunque aclararon que lo hacían hasta que se esclarecieran los hechos. El Gobierno optó por demorar su postura pública y cualquier acción judicial mientras aguardaba los movimientos del juez Sebastián Casanello y las decisiones del fiscal Franco Picardi. Una de las posibilidades es que llamen a indagatoria a Spagnuolo, lo cual podría complicar al Gobierno si él ratifica sus declaraciones.

A medida que las conversaciones giran en torno al tema, el silencio reina en el Gobierno. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue uno de los pocos autorizados para expresarse y evitó dar detalles concretos, pero expresó que "si un funcionario está diciendo que otro está pidiendo coimas, el que lo dice debería haber hecho la denuncia en la Justicia".

Por su parte, Adorni no dio conferencias de prensa esta semana y suspendió su programa semanal "Fake,7,8". En las redes, los libertarios no llevaron adelante defensas al Gobierno ni tampoco ironizaron al respecto.

La investigación se inició este jueves tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón —representante de Cristina Fernández de Kirchner— por delitos de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con funciones públicas.