Tras un hermético silencio de la Casa Rosada este lunes el Gobierno argentino a través del Ministerio de Seguridad, confirmó la decisión de construir un alambrado perimetral de 200 metros en la frontera norte con Bolivia, en la localidad de Aguas Blancas, en el marco del Plan Güemes que comanda Patricia Bullrich en coordinación con la provincia según señaló, para "controlar actividades de narcotráfico, sicariato, muertes y descontrol".

En un comunicado, Bullrich justificó la medida, que generó quejas diplomáticas del Gobierno de Bolivia, al objetivo de "cuidar a los argentinos del narcotráfico".

"Antes del Plan Güemes, el cruce fronterizo en Aguas Blancas y Orán, era tierra de nadie: narcotráfico, sicariato, muertes y descontrol", dijo la ministra y confirmó que la medida se decidió "desde el Ministerio de Seguridad, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, recuperamos el control".

"En la mesa del Plan Güemes, que reúne a funcionarios nacionales, provinciales, locales y al interventor de Aguas Blancas, se tomó una decisión clave: sumar una medida mas al control que establecimos, reforzando la pared existente—vulnerada repetidamente por el narcotráfico para ingresar cocaína—con la construcción de una cerca de 200 metros. Esta medida elimina el bypass que permitía eludir los controles de la Gendarmería Nacional, refuerza controles exitosos existentes, y pone fin al caos en este punto crítico de la frontera", finaliza el comunicado oficial del Gobierno argentino difundido este lunes a la tarde.

La medida se produce en momentos en que el gobierno nacional se encuentra redactando un proyecto de ley para expulsar inmigrantes ilegales que anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, a fines de noviembre pasado, y va en línea con las recientes medidas aplicadas por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich en coordinación con la provincia de Salta y el municipio de Aguas Blancas, que justificó la decisión en la necesidad de evitar el paso ilegal de personas y el contrabando, según se explicó en la licitación a la que se llamó a través del Boletín Oficial provincial.

A raíz de la decisión oficial, la cancillería de Bolivia expresó su “preocupación” y señaló en un comunicado oficial que "cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica” por lo que "solicitará por canales diplomáticos la información sobre este tema para emprender las acciones que correspondan".