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La Justicia continúa con dudas acerca de cuánta contaminación produjo la filtración de cianuro en una mina de Barrick Gold, en San Juan. El juez federal Sebastián Casanello pidió el jueves ampliar los análisis ambientales que había ordenado sobre el río Jáchal hacia toda "la cuenca fluvial denominada sistema del Desaguadero\\' y/o la cuenca del Río Colorado".

En otras palabras, el magistrado busca verificar si el derrame de 1 millón de litros de solución cianurada traspasó los límites de San Juan y afectó a otras provincias. La mencionada cuenca hídrica interviene en La Pampa, Río Negro, y desemboca en el Mar Argentino, en la provincia de Buenos Aires.

Según la instrucción, los expertos ambientales tendrán que analizar si existen otros tipo de componentes químicos tóxicos, como la "presencia de metales pesados" u "otros contaminantes" generados como consecuencia de la filtración del domingo 13 de septiembre.

Casanello encargó al Instituto Nacional del Agua llevar a cabo el relevamiento "con suma urgencia", informó hoy el diario La Nación. La hipótesis detrás del pedido se debe a la existencia de antecedentes internacionales, en los que se comprobó que la contaminación de cianuro fue mayor de lo previsto inicialmente.

Conflictos de competencia

La causa que lleva adelante Casanello desde Buenos Aires transcurre en paralelo a la que impulsa la Justicia de San Juan. Allí, el juez de Jáchal, Pablo Oritja le pidió el viernes al magistrado porteño y al juez Marcelo Martínez di Giorgi que se declaren incompetentes y que paren las investigaciones.

En sus exhortos, Oritja entiende que es el "juez natural" para tramitar el caso Barrick, ya que el derrame se produjo en la jurisdicción de los departamentos sanjuaninos de Jáchal e Iglesia. Con este argumento, planteó la necesidad de unificar la causa en un solo expediente.

Ahora, Casanello y Martínez Di Giorgi podrán ahora acatar el pedido Oritja o bien rechazarlo, a la espera que la Corte Suprema de Justicia defina qué juzgado es el que debe investigar.

La definición sobre quién quedará a cargo de la causa no es menor. En el expediente de Casanello, el fiscal Ramiro González y titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima) denunció por el derrame tanto a los ejecutivos de la multinacional canadiense como a varios funcionarios nacionales: entre ellos, los secretarios nacionales de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente de la Nación, Sergio Lorusso; el secretario de Medio Ambiente de San Juan, Raúl Domingo Tello.

Esa línea de investigación plantea una presunta falta de controles por parte del Poder Ejecutivo. Por ahora, el juez Oritja no evalúa las responsabilidades políticas del derrame e imputó por delitos ambientales a autoridades y empleados de Barrick Gold.