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Ricardo Jaime está muy tranquilo en Córdoba. No asiste -porque tiene derecho a hacerlo y porque dijo no tener dinero para afrontar el viaje- a las dos audiencias semanales del juicio oral y público por la Tragedia de Once en el que está imputado. Pero a partir de una decisión de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, el secretario de Transporte de la Nación entre 2003 y 2009 tendrá que volver obligatoriamente a la ciudad de Buenos Aires para afrontar otro juicio oral y público por un delito de corrupción.

Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani rechazaron por inadmisible la apelación de Jaime y de otros imputados para que se declarara prescripto el caso en el que se descubrió que la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) había pagado viajes en taxis aéreos a destinos vacacionales del funcionario que debía controlar a la compañía que explotaba trenes y colectivos.

Los camaristas respaldaron al decisión que tomó el juez Julián Ercolini -a cargo del debate oral y público- quien había determinado que el caso no había prescripto debido, entre otras razones, a la enorme cantidad de recursos presentados por las defensas para evitar que el caso avanzara.

La denuncia del pago de viajes a Jaime por parte de TBA fue presentada en 2009 por el ex fiscal de Investigaciones Administrativas y hoy diputado radical Manuel Garrido. El ex funcionario kirchnerista fue procesado por el juez Claudio Bonadio en 2010. Luego la Sala I de la cámara Federal confirmó el procesamiento. Y desde entonces se hicieron decenas de presentaciones destinadas a retrasar lo más posible el proceso para conseguir la prescripción. El caso ya había pasado por la Cámara de Casación y hasta llegó a la Corte Suprema de Justicia donde se decidió en contra de Jaime.

El voto del camarista Hornos señala que la investigación sobre las dádivas de Jaime es un caso de corrupción. Observó: "En este marco debe recordarse las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el orden internacional, con especial referencia al Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto destaca la preocupación de los Estados parte por la \\'gravedad para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley\\', que plantea la corrupción. Que las consideraciones apuntadas encuentran correlato en el objetivo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción, en cuanto consagra como condición para lograr una democracia representativa, el combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio; condición indispensable para lograr la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. En los instrumentos internacionales referidos se procura, en lo medular, adunar los esfuerzos a fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. Son estos los parámetros que en un caso como el de autos, deberán ser considerados a los fines de evaluar la complejidad del asunto, dejando de lado una mirada sesgada o una perspectiva ingenua".

Jaime, que ya tiene una condena confirmada por el intento de robo de pruebas en un allanamiento, trató de impedir la llegada del juicio por el pago de los vuelos. Es que una nueva condena –más lo que suceda en el juicio por la Tragedia de Once- pondrían al ex funcionario kirchnerista muy cerca de una pena de prisión. El ex funcionario tiene una veintena de casos de corrupción abiertos en la Justicia federal: y ya fue procesado por enriquecimiento ilícito.

Luego de esta decisión de la Cámara de Casación, Ercolini está en condiciones de llamar a juicio. Según fuentes judiciales lo hará en los próximos días. Desde el punto de vista judicial no hay más demoras posibles. En el banquillo estará el hombre que condujo la política de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2009, el empresario Claudio Cirigliano dueño de TBA y uno de los testaferros de Jaime, Manuel Vázquez, ente otros.