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Es  apenas un cuarto de lo que tendrán que desembolsar los partidos políticos que tienen posibilidades de sentar a su candidato en el sillón de Rivadavia. Suena a poco, pero el monto máximo establecido por la Justicia para gastar en campaña es casi el doble de lo que se había estipulado para la última elección presidencial, en 2011.

Un candidato presidencial podrá gastar hasta $ 254 millones en su campaña electoral, de acuerdo a la acordada 14/2015 publicada esta semana por la Cámara Nacional Electoral. Un 93% más que en los comicios de 2011, cuando el límite total era de $ 131 millones. El documento al que accedió LA NACION fija los montos máximos de los gastos a nivel nacional y provincial, así como también el tope de aportes tanto de personas físicas como de empresas para todo 2015.

Los partidos podrán destinar $ 169.812.774 para los postulantes que se presenten en las elecciones generales sumados a otros $ 84.906.387 destinados para las PASO. Pero en los hechos, los sellos podrán manejar este año mucho más dinero en blanco, es decir, registrados en sus balances electorales. Algunas maniobras legales permitirán ahora disponer de topes superiores a los $ 500 millones. Un aumento significativo que es, para muchas agrupaciones, una bocanada de aire que permitirá blanquear buena parte de su campaña.

"¿Por qué aumentó? Básicamente por la inflación. El Estado decidió duplicar el dinero que se le entrega a los partidos políticos, entonces nos parecía que lo más sincero era aplicar ese aumento a los topes de gastos", explicaron desde la Cámara Nacional Electoral.

Los partidos políticos, sin embargo, estiman que para llegar a la Casa Rosada desembolsarán en la campaña presidencial unos $ 1000 millones, según pudo averiguar LA NACION en 40 entrevistas realizadas con candidatos, operadores, funcionarios, empresarios y recaudadores. El número esbozado por estos especialistas es, por lo menos, el doble de lo permitido por la ley. "Sólo imprimir cuatro padrones de boletas (lo que utilizan las grandes fuerzas para las jornadas electorales y para hacer proselitismo) nos costará 120 millones de pesos", dijo un hombre que maneja los números de un candidato presidencial.


Foto: LA NACION
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, argumentó: "Los montos son realmente altos en esta elección. Los partidos tienen permiso para gastar una gran cantidad de dinero. Sin embargo la experiencia dice que lo que declaran ni se acerca a los topes establecidos. Eso no quiere decir que los topes no sean superados ampliamente por los partidos más grandes".

Los límites legales han sido, en los últimos comicios, una cuestión testimonial. Tanto los políticos como distintos miembros del Poder Judicial reconocen que el dinero real que se desembolsa en las grandes campañas -y también en el proselitismo provincial- supera ampliamente los límites impuestos por la Justicia. Por otra parte, los partidos declaran montos menores en sus balances. El Frente para la Victoria, por ejemplo, informó apenas $ 22 millones de gastos en la última elección legislativa de la provincia de Buenos Aires, menos de la mitad del máximo permitido en aquel momento.

"El aumento de la Justicia Electoral es una buena noticia porque sincera aunque sea un poco el sistema de financiamiento electoral. Nos beneficia a todos los partidos políticos, en especial a los que sacamos muchos votos y gastamos más", dijo uno de los operadores.

"COMBO" ELECTORAL

El aumento puede ser flexible. Un número que llama la atención es el máximo impuesto para el gasto de los candidatos al Parlamento del Mercosur. Es exactamente el mismo dinero que la elección presidencial: un total de $ 254 millones. Fuentes judiciales y partidarias consultada por LA NACION coinciden en que, en la práctica, buena parte de ese monto puede "redistribuirse" a otra campaña más costosa, como la presidencial.

"Con todo ese dinero se puede hacer un combo de $ 600 millones, una cifra que no alcanza lo que realmente se gasta en una campaña, pero que se acomoda más a la realidad que los números de la anterior elección", dice otro político acostumbrado a las cuentas de campaña.

Campañas millonarias: los increíbles costos que insumirá el sueño presidencial
Será la primera elección de miembros del Parlasur, un parlamento regional que funciona en Montevideo. Dentro del kirchnerismo se especuló con potenciar una candidatura de Cristina Kirchner como representante de la Argentina, aunque el rumor después fue desmentido por distintos miembros del oficialismo.

El "combo" al que hacen referencia no incluye otros máximos disponibles para poder ampliar los balances partidarios. Además, los sellos podrán destinar hasta $ 63 millones de acuerdo al distrito. Ese número, el más alto entre las provincias, corresponde a Buenos Aires. Córdoba y Santa Fe tienen un tope de $ 14 millones y la ciudad de Buenos Aires más de $ 13 millones.

EL AUMENTO

Aunque se trata de una función que recae sobre el Congreso, que debería incluirlo en el Presupuesto, no es la primera vez que la Cámara Nacional Electoral tiene que fijar el valor del "módulo electoral" para estipular montos máximos ante "indeterminación legislativa". La acordada 14/2015 explica que fue una metodología que comenzó a implementarse en 2011 y que continuó consecutivamente hasta este año. Este tribunal judicial determinó entonces que el módulo electoral, que fija los límites de los gastos electorales, subiera de $ 3,04 (2014) a $ 5,39 (2015).

El aumento también elevó la cantidad permitida de donaciones que podrán realizar personas físicas y empresas, aunque en este último caso las contribuciones deberán realizarse al partido político, pero no oficialmente a la campaña electoral, ya que la ley de financiamiento electoral prohíbe el aporte de sociedades con fines proselitistas.

El máximo que las empresas pueden aportar en 2015 a los partidos políticos -no directamente a la campaña- es de $ 1,6 millón a nivel nacional.
El máximo permitido para individuos a nivel nacional es de $ 3,3 millones por año, un aumentó un 83% con respecto al tope fijado en 2014. Esto no significa que un particular pueda aportar a distintos partidos políticos en otros distritos. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el límite que impone la Justicia es de $ 1,2 millón.

"Es bueno que los ciudadanos conozcan estos topes, y que sepan que pueden apoyar económicamente a los partidos políticos. Este tipo de donaciones genera mayor diversidad de fondos y transparencia", aclaró Secchi, titular de Poder Ciudadano.

Las empresas podrán aportar en 2015 para los balances partidarios un máximo de $ 1,6 millón a nivel nacional. Podrán hacerlo en cuántos partidos quieran e, incluso, en todos las provincias si lo consideran necesario (cada jurisdicción tienen un máximo). Un experimentado operador sintetizó con ironía: "Esto sí que es realmente una utopía. Me encantaría saber qué empresario está dispuesto a blanquear un aporte de más de un millón de pesos".