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Por espacio de cuatro horas, el salón auditorio de la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue ayer la caja de resonancia del malestar generalizado de vecinales, agrupaciones y entidades de defensa del consumidor que rechazaron el 42 por ciento de aumento solicitado por Aguas Santafesinas SA (Assa) en la tarifa del agua. Las críticas apuntaron a lo "desmedido y desproporcionado" del pedido frente a los reiterados reclamos de falta de presión en los barrios alejados del centro.

Quien primero hizo uso de la palabra fue el titular del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), Juan Marcos Aviano. "Rechazamos la suba de plano. No se justifica ni en lo económico financiero ni en los gastos, ya que la energía eléctrica tendrá este año un congelamiento de tarifa. Y el funcionamiento de una planta de ósmosis inversa no es justificativo".

El referente de la ONG recordó que hace 7 años las entidades esperan un marco regulatorio y un contrato de vinculación definitivo entre Assa y el Estado. "También hace años que esperamos una ley de financiamiento para obras. Y a nivel social y territorial el servicio es pésimo, los reclamos de los usuarios se responden tarde y los arreglos se retrasan. No existe ningún indicador en donde Assa haya mejorado. Aumentar la tarifa es seguir contribuyendo con una empresa que cobra una tarifa de primera con un servicio de cuarta", disparó.

Pro su parte, el titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y ex integrante del Enress, Alberto Muñoz, recordó que los aumentos solicitados se sumarían a los anteriores y graficó: "Un usuario rango 3 sufrirá un aumento del 578 por ciento. Si pagaba 100 pesos en 2008, ahora deberá abonar 720 pesos".

Tras el ejemplo, Muñoz volvió a la carga. "Estas subas exceden la pauta inflacionaria de cualquier consultora privada. Y la contracara es un Estado que viene desinvirtiendo Assa desde 2011".

El titular de la cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Aníbal Faccendini, también se sumó a los rechazos. "Desde 2012 a la fecha sufrimos aumentos acumulativos del 500 por ciento. Las obras no se dieron, y los argumentos son los mismos que en audiencias anteriores. Debemos reconocer que hubo avances con obras en Rufino, en Cañada de Gómez, pero esto deja al descubierto que falta invertir de parte del Estado cerca de 50 mil millones que se habían comprometidos en el año 2010. Además, queda el Acueducto del Gran Rosario, que justo casualidad ahora se está reactivando, y nosotros venimos planteando que hace tres años tiene que arrancar", repasó.

Muñoz volvió a aportar lo suyo. "En Granadero Baigorria hay un pozo, nada más. La planta potabilizadora estuvo 20 meses paralizada. De ninguna manera el Estado tiene autoridad moral para pedirle al usuario que aporte más".

Exagerado. Desde la Red de Consumidores, Cristian Galindo consideró que este 42 por ciento de pedido de aumento resulta "exagerado y desproporcionado; no se ajusta al consumidor, si se comparan los ingresos por salarios. Y en cuanto a la calidad de servicio, resulta una falta de respeto a la gente; porque en algunos barrios no hay presión de agua".

Galindo recordó que la quita de aportes del Estado provincial a Assa producido desde 2011 acumuló unos 300 millones de pesos "que iban a ir al interior de Santa Fe, pero ahora nos quedan dudas de que sea así".

Para la Red de Consumidores, las responsabilidades en la desinversión se dieron en las administraciones socialistas, pero se remontan a los gobiernos justicialistas, cuando la empresa en manos de capitales franceses "se llevó una década en obras y hoy pagamos las consecuencias".

En cuanto al Enress, las organizaciones en defensa del consumidor exigieron mayor protagonismo. "En ente debe ser un órgano rector y no sólo regulador que fije la política de saneamiento y donde el usuario tenga quien lo defienda", expresó Aviano. Muñoz agregó: "Tiene que hacer un dictamen que ponga límites a la voracidad del Estado y tiene inmensa oportunidad de que esta asamblea sirva para poner limites. Si bien su resolución no es vinculante; si resulta negativa le será muy difícil al ministro (de Aguas y Servicios Públicos, Antonio) Ciancio subir la tarifa".

De las disertaciones participaron también los concejales Norma López, Carlos Cossia, Roberto Sukerman y Jorge Boasso y miembros de vecinales como Empalme Graneros, Ludueña Norte, Echesortu Oeste y La Florida