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 Luego de que Cristina Kirchner lo pidiera en su discurso de apertura de sesiones, y con el impulso de Jorge Capitanich, un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó un proyecto para limitar “toda manifestación pública” y habilitar el “uso de la fuerza” para desalojar las protestas. El texto lo redactó el diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini, ex ministro de Gobierno del actual jefe de Gabinete, y lo avalaron con sus firmas referentes del kirchnerismo en la Cámara baja como Carlos Kunkel, Diana Conti, Teresa García y José María Díaz Bancalari.

La iniciativa confirmaría que al rumbo que tomó el Gobierno en el aspecto económico -la devaluación, el retorno al FMI y el intento de acceder a los mercados para conseguir dólares, que antes rechazaba y endilgaba a la oposición- le seguiría otro giro frente a los piquetes, ante las perspectivas de crecimiento de la protesta social. “ Todos tenemos derecho a protestar, pero tenemos que respetar también a los demás ciudadanos. Tenemos que lograrlo entre todas las fuerzas políticas. Pongámonos de acuerdo de una buena vez por todas, es lo único que les pido”, exclamó la Presidenta en el Congreso el 1° de marzo, de ese modo abrió la discusión y buscó el acompañamiento de otros sectores para compartir el costo político. Diputados de varios bloques aplaudieron ese tramo, en especial los macristas. Durante los primeros diez años, el kirchnerismo evitó intervenir en los piquetes y protestas e incluso en algunos casos los avaló, como el bloqueo de la ruta 136 en Gualeguaychú contra la pastera Botnia.

“Hay una colisión entre dos derechos, el de la protesta y la petición a las autoridades y el derecho a circular.

No hay que criminalizar la protesta, hay que regularla. Acá no hay penas para nadie ”, defendió el proyecto Pedrini.

El texto propone diferenciar las manifestaciones “legítimas” de las “ilegítimas”, lo que ya generó controversias. Entre los elementos para considerarlas legítimas requiere que no impida “el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud”, un punto que provocó rechazo incluso de diputados kirchneristas porque de ese modo cualquier corte sería considerado ilegítimo. También que no impida “totalmente la circulación de personas y vehículos”, es decir que quede al menos un carril libre; que permita “la libre circulación” de niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos; que los manifestantes no cometan delitos previstos en el Código Penal; y que se notifique “ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas”. El artículo 10 establece que una manifestación ilegítima “puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad” para garantizar derechos de terceros, y el 28 que los efectivos podrán utilizar “armas no letales” como defensa. También contempla una “mediación obligatoria” a cargo de personal civil del Ministerio de Seguridad –autoridad de aplicación de la norma- que no podrá extenderse más de dos horas. En otro punto polémico, el manifestante designado para la mediación deberá dar su nombre, domicilio, número telefónico y correo. “La idea es que se lo pueda ubicar para informarlo sobre el resultado de las gestiones, pero se puede modificar”, argumentó Pedrini ante la consulta de Clarín.

La iniciativa causó fuerte resistencia entre sectores de izquierda, recogió críticas puntuales del macrismo -pese a mostrarse el PRO a favor de limitar los piquetes- y también plantearon su rechazo por lo bajo algunos diputados K. “Es un proyecto prudente para empezar a debatir”, aseguró Juliana Di Tullio, jefa del bloque del FPV.