Lt 10

  El ex Intendente de Santa Fe y actual Diputado Nacional Mario Barletta consultado sobre el tema de la seguridad y la reforma del código penal, el legislador explico "El código penal necesita ser discutido y modificado. Tiene que ser justo y exigente. La sociedad vive y vivimos todos, una creciente inseguridad y por lo tanto necesitamos de un código penal que efectivamente le haga pagar a los delincuentes los delitos cometidos. Pero no nos engañemos un Nuevo Código Penal no va a resolver los problemas de inseguridad del país. Esto también la sociedad lo tiene que saber, no hay un programa, no hay un proyecto, no hay un plan de lucha contra las organizaciones delictivas. Nuestro país ignora cuatro medidas operativas, entre otras, contenidas en las dos convenciones de la ONU. Convención contra el delito organizado del año 2000 y Convención contra la corrupción del año 2003 que establecen la necesidad de:

- Una eficaz coordinación interinstitucional entre los órganos de inteligencia, economía, policía, fiscalías y jueces que apunte al desmantelamiento patrimonial de empresas criminales y empresas legales ligadas a organizaciones delictivas.

- El combate y la prevención de la corrupción política al más alto nivel, limitando al mínimo la inmunidad (por lo tanto la impunidad) de los funcionarios. Señalan que esto debe incluir investigaciones a través de unidades autónomas de seguimiento patrimonial que operen en red con la unidad federal de inteligencia financiera para que sea así posible reunir el material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias judiciales por delitos de tráfico de influencias/conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos/peculado, encubrimiento, lavado del producto de delitos y financiamiento ilegal de campañas electorales

- Un nivel amplio de cooperación entre estados, para incautar y decomisar activos patrimoniales ligados a grupos criminales en el territorio de cada nación y en el extranjero.

- Una red nacional de prevención del delito mayoritariamente en manos de organizaciones no gubernamentales bajo coordinación federal que abarque factores de riesgo ligados a salud, educación, mercado laboral, violencia intrafamiliar e infraestructura social, factores que explican las razones por las que miles de jóvenes se vuelcan a banditas y grupos criminales de mayor envergadura.

Ahora la pregunta que debemos hacernos es si no se están aplicando las medidas señaladas, que han sido demostradas en otras latitudes, es por omisión o complicidad. Finalizó.