Tras el anuncio del Gobierno de impulsar un nuevo marco legal para regular los alquileres de inmuebles, el oficialismo de la Cámara de Diputados apuró el tratamiento de un proyecto de ley con media sanción del Senado que estuvo cajoneado casi dos años, e intentará emitir dictamen hoy en comisión con una serie de cambios.
La comisión de Legislación General, presidida por el diputado macrista Daniel Lipovetzky, se reúne a las 14:00 en el segundo piso del edificio anexo C de la Cámara baja.
"Vamos a avanzar con el proyecto para obtener dictamen este martes", anunció este domingo el legislador de Cambiemos en declaraciones a radio Mitre.
Explicó que el nuevo marco legal que se quiere concretar beneficiará a "más de 7 millones de argentinos que alquilan y que no tenían una ley".
La iniciativa tomará como base el proyecto de la senadora del Frente para la Victoria Silvina García Larraburu que en noviembre del 2016 había sido aprobación con media sanción, pero la idea del oficialismo es incorporar algunas modificaciones al dictamen.
No será un trámite para el oficialismo, ya que la Federación Nacional de Inquilinos, que respalda el proyecto de la senadora kirchnerista, le pidió a la oposición que defienda la redacción de la norma tal como vino de la Cámara alta.
"Es urgente que la normativa, consensuada con los inquilinos de todo el país, sea sancionada tal y como fue aprobada en el Senado por unanimidad", se plantó García Larraburu.
En esencia, tanto el proyecto original como la versión remozada que propone Cambiemos conllevan mejoras para los inquilinos, dado que ambos estiran a tres años el plazo mínimo de duración de los contratos de alquiler (actualmente son dos años), y también fijan que el pago de las expensas extraordinarias queden a cargo del propietario.
Sobre esa base de consenso surgen una serie de diferencias que serán materia de negociación a la hora de arribar al dictamen de mayoría: el principal contrapunto está ligado a la actualización del valor de locación.
Mientras que el proyecto del Senado estipula el ajuste de manera anual, Cambiemos propone que la actualización sea semestral.
Tanto en un caso como otro, la idea es que la fórmula de actualización de derive de un mix entre inflación y variación salarial, de manera tal de terminar con los abusos que afectan a los inquilinos.
La iniciativa del oficialismo contribuye con algunas precisiones que no estaban presentes en el proyecto del Senado, vinculadas a las comisiones y garantías.
Por ejemplo, prevé que se puedan usar garantías bancarias para alquilar un inmueble, y establece que la comisión de la inmobiliaria la pague sólo el propietario.
En cuanto a las garantías, la reforma simplificaría el trámite porque contempla que aquellas no se acoten a títulos de propiedad sino que también puedan utilizarse certificados de ingresos, recibos de sueldo, y como se mencionó más arriba, garantías bancarias.
Además, el oficialismo pretende que se formalicen los contratos, es decir, que se "blanqueen" los alquileres para evitar evasión impositiva: se busca que los contratos sean registrados para que el inquilino pueda descargarlo en Ganancias.
Por otra parte, el texto del oficialismo permite que los inquilinos puedan rescindir en contrato en los últimos dos meses de contrato sin tener que pagar penalidad, en caso de no optar por la renovación del alquiler.
Otro punto de negociación será el relacionado a los depósitos: en la media sanción, se reduce el depósito en garantía a un mes de alquiler (en la actualidad, las inmobiliarias piden hasta un mes por año de contrato).
Por otra parte, el proyecto del Senado obliga al propietario a devolver el depósito actualizado al valor del último mes de locación, y no el monto de el inquilino puso de entrada para acceder al alquiler.
La voz de los inquilinos
Florencia Presta, integrante de la agrupación Inquilinos Agrupados, recordó que el proyecto de ley de alquileres fue presentado en noviembre de 2016 en el Senado nacional, donde fue votado por unanimidad. “En estos dos años el gobierno lo tuvo frenado y no tenía intenciones de tratarlo pero la realidad se impone”, explicó.
“Los inquilinos estamos destinando más del 50% de nuestros ingresos en el alquiler y la situación se hace cada vez más difícil de sostener”, expresó en una entrevista al programa El Cuarto Poder.
Según Presta, “es una ley que toma los puntos del proyecto original del Senado y que incorpora algunas modificaciones como el registro de todos los contratos en Afip”. “Es un paso importante para el blanqueo del mercado inmobiliario”, admitió.
La diferencia que la agrupación tiene con el mensaje oficial es la actualización de los alquileres: “nosotros planteamos la actualización de precios de manera anual y el gobierno quiere que sea semestral. Queremos que sea anual porque el salario de los trabajadores no aumenta semestralmente y lo hace por debajo de la inflación”, agregó.
La visión de las inmobiliarias
El secretario de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, Marcelo Tomas, fue cauto a la hora de opinar sobre el posible impacto de la ley en la actividad y prefirió separar la realidad del mercado inmobiliario de Capital Federal con el de Santa Fe.
“Tenemos realidades de mercado totalmente distintas. En Santa Fe hay una modalidad de locación distinta a Buenos Aires, no compartimos el criterio apocalíptico del retiro de propiedades de locación”, explicó el empresario en diálogo con LT10.
Según Tomas, “los propietarios deberán analizar los costos de tener desocupado el departamento”. “No creo que retiren su propiedad de alquiler y lo pasen a venta”, opinó.