Por estos momentos la Justicia Federal investiga el accionar de una banda en la localidad de San Lorenzo sospechada por captar, trasladar y explotar sexualmente a un grupo de 12 mujeres. Por otro lado también se investiga la venta de drogas a cargo de la organización criminal.
El caso se vuelve aun más complejo ya que en una parte de la investigación aparece nombrado como encubridor el intendente de la ciudad santafesina, Leonardo Raimundo.
La causa se originó cuando una víctima de esta red de la ciudad de San Nicolás denunció la existencia de la organización y explicó que la red está dirigida por una persona de sexo femenino a quien apodan Mamu. La mujer explicó a la Justicia que llega a caer en las redes de la organización tras separarse de su marido y huir a San Lorenzo por varios hechos de violencia de género. En esa ciudad consiguió un trabajo que no era tal y luego comenzó una pesadilla que duró varios meses. Según cuenta la denunciante el prostibulo funcionaróa en Oroño al 800 en la localidad de San Lorenzo.
El caso está en manos de los fiscales Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Según dejaron trascender la organización funciona desde febrero del año pasado y se solicitó que los sospechosos sea llamados a declaración indagatoria.
Entre todas las evidencias que se rescataron en el trabajo de investigación por parte de la Justicia, se pudo saber que la venta de estupefacientes se llevaba a cabo en un falso drugstore. Por otro lado, los servicios sexuales se concretaban en diferentes hoteles sanlorecinos. Una copa tenía un valor de 25 dólares y el encuentro con una de las mujeres 100 dólares.
La banda siempre estuvo liderada por Mamu que según se desprende de la instrucción tenía un apoyo logístico de un grupo de personas que se encargaban de tansportar la mercaderia y las mujeres en taxis y remises. Los mismos también participaban e la "busqueda" de clientes en el puerto de San Lorenzo. De allí eran trasladados al drugstore y luego a los hoteles alojamiento.
El intendente como encubridor
La sospecha sale de los fiscales del caso y según analizan Raimundo al menos habría cometido actos en infracción a los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre otras cosas destacan que la ayuda del funcionario era garantizar el funcionamiento de la organización como también dar seguridad e impunidad a quienes llevaban a cabo la actividad. Esto se lograba con la ausencia de inspectores en el lugar y la no clausura ante varias irregularidades. Por otro lado se investigan acciones tendientes a la no presencia de personal policial por la zona y lo mismo con otras fuerzas del orden.